Imputados directivos de Ibermutuamur y Alcor por traficar con datos de trabajadores

El Juzgado número 2 de Monforte de Lemos imputa al responsable de la mutua Ramón M. P. y al empresario Carlos S. F. descubrimiento y revelación de secretos

Obras del AVE en Orense.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos ha imputado a los directivos de las mercantiles Ibermutuamur y Alcor, Ramón M. P. yCarlos S. F., por revelar presuntamente datos de los trabajadores que acudían a la mutua por accidentes laborales o bajas médicas. Varias conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía en el marco de la investigación que sigue el mismo juzgado contra la empresa de seguridad vendrían a poner en evidencia el tráfico de datos personales médicos que mantenían entre los dos directivos.

En concreto, el responsable de Alcor preguntaba a Ramón, delegado de Ibermutuamur en la provincia de Lugo, por vigilantes de seguridad que se daban de baja por diferentes motivos y el ejecutivo de la mutua le detallaba información sobre cada uno de ellos. En una de las conversaciones interceptadas por la Policía, por ejemplo, Ramón le cuenta a Carlos que uno de sus trabajadores había presentado una solicitud de incapacidad, que otra empleada estaba pidiendo la baja para cuidar a su madre y que un vigilante pretende superar la inspección médica para renovar el permiso de armas, extremo que el empresario no quiere que ocurra.

El responsable de Alcor preguntaba por vigilantes de seguridad que se daban de baja y el ejecutivo de la mutua le detallaba información sobre cada uno

Otro día de junio de 2015, los mismos interlocutores vuelven a hablar. Esta vez abordan el caso de un trabajador que llegó a la mutua con muletas. "¡Con muletas! El hijo puta anda por ahí...", responde Carlos cuando su informador le cuenta la historia. "Hace poco pillamos a uno que le pusimos un seguimiento... te lo comento en petit... en petit comité, que iba con muletas y luego le pillamos corriendo...", asegura Ramón tras la sorpresa del gerente de Alcor. "De juerga por ahí, el cabrón", contesta Carlos antes de explicarle lo que sabe él sobre ese vigilante de seguridad.

"Seguimos a uno con muletas que iba corriendo"

"A ver, te cuento... las muletas de este, por si te sirve de algo, este dice que se cayó en casa... de la bañera; lo llamamos nosotros al día siguiente o a los dos días... que nos trajera el teléfono... y se presentó en el servicio, nos trajo el teléfono, bajó andando del coche, vino tranquilamente andando como tu y yo; eso lo vimos nosotros; lo de las muletas es un paripé como la copa de un pino", revela. "Me lo creo", responde su interlocutor.

Unos días antes, ambos hablan de otro trabajador. Carlos le había pedido a Ramón que le hiciese un seguimiento. "No le hemos localizado, le hemos mandado un burofax, no coge el teléfono ni nada", explica el delegado de Ibermutuamur. "Lo hace a propósito", responde el empresario. "Está citado y no viene a la consulta... no le cogeremos", revela el responsable de la mutua antes de que Carlos le pregunte por otro empleado del que sospecha que "está más sano que tu y que yo". "Dame dos minutos y te llamo; que se mete mi médico en la aplicación", anuncia Ramón.

Casi todas las conversaciones intervenidas por la Policía, de hecho, se centran preguntas que realiza el empresario sobre trabajadores concretos que han pedido la baja o la están tramitando. Ramon "le revela información sobre bajas médicas de empleados que trabajan para Carlos, datos confidenciales y privados sobre los motivos de las bajas", subrayan los investigadores en un escrito presentado ante la titular del Juzgado número 2 de Montforte, María Yanet Puga. 

La investigación policial que ha llevado a la imputación del delegado de la mutua y del empresario se enmarca en una de las piezas separadas abiertas por el mencionado juzgado dentro de una instrucción que rastrea casi una decena de delitos vinculados a la mercantil Alcor, responsable de la vigilancia de las obras del AVE Madrid-Galicia o de la Y vasca, entre otros servicios de seguridad vinculados a la construcción. Delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, alzamiento de bienes, falsedad en documento oficial, estafa por simular contratos de trabajo para obtener prestaciones por desempleo y tráfico de influencias se suman a la mencionada revelación de secretos.

Alcor es una de las empresas a las que los sindicatos de seguridad privada denominan mercantiles pirata. Se trata de sociedades que suelen concurrir a los concursos públicos con precios bajos debido a que pagan a sus empleados por debajo de convenio. Algunas tienen procedimientos judiciales abiertos por pagar tarde a sus trabajadores, explotarles haciéndoles trabajar todas las horas del día, incurrir en fraude a la Seguridad Social y Hacienda por maquillar conceptos contables para pagar menos impuestos u otros tipos delictivos.

Condenan a un vigilante navarro por pegar a un joven en el Interpeñas de Zaragoza

Seis meses de cárcel tras golpear en 2010, junto a un compañero, a un chico que accedía con un vaso lleno.

Un vigilante de seguridad de Navarra, natural de Segovia y domiciliado en la Cuenca de Pamplona y de 38 años de edad, ha sido condenado por el Tribunal Supremo, junto con otro compañero de trabajo, de origen polaco y de 40 años, a seis meses de prisión por un delito de lesiones después de que una sentencia reconozca que agredieron a un joven en el recinto festivo de Interpeñas, que se instala en la ciudad de Zaragoza durante las fiestas de la Virgen del Pilar. Los hechos ocurrieron en octubre de 2010 y un juzgado de Zaragoza ya condenó a los procesados, un fallo que ahora viene a ser confirmado por el Alto Tribunal.

Los dos acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con 3.714,30 euros más los intereses legales, pero en la resolución ya se contemplaba la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa de seguridad para la que trabajaban los dos acusados, que estaba en fase de liquidación al ser juzgados, y de la Federación Interpeñas de la capital maña, que se encarga de organizar el evento festivo y que había subcontratado la vigilancia y seguridad a esa firma.

En los hechos probados se recoge que sobre las 2.30 horas del pasado 12 de octubre del año 2010 “un joven pretendía entrar en el pabellón de Interpeñas, en el Actur de Zaragoza, llevando un vaso de litro con bebida en las manos. Una persona del servicio de seguridad le quitó la bebida y se la tiró a un contenedor, aunque la víctima le manifestó que esperar a hacerlo porque se la iba a pasar a un amigo. Entonces, el vigilante le puso la defensa en el cuello y lo fue llevando así agarrado hacia un saldo, acudiendo hasta el lugar los otros dos vigilantes condenados. Entre los tres tiraron a la víctima al suelo y le golpearon en la cabeza, rodilla y otras partes del cuerpo”.

Como consecuencia de la agresión, el joven sufrió diversas heridas, entre ellas un esguince en la rodilla, hematomas y heridas incisas en la cara que requirieron tratamiento facultativo después de una primera asistencia, tratamiento farmacológico y reposo. Curó en 90 días, durante los cuales estuvo impedido para su vida habitual 45 días, quedando unas algias residuales de previsible desaparición, que no constituyen secuelas.

SE EXTRALIMITARON Los procesados recurrieron al Supremo para que se les estimara la circunstancia eximente de haberse producido los hechos durante el ejercicio de un deber o cargo, pero el Supremo entiende, como el juzgado de instancia, que hubo “una clara extralimitación en la conducta de los acusados al agredir a la víctima sin que mediase provocación, violencia o resistencia”. Interpeñas también recurrió y se desestimó su recurso.

La Urbana localiza al francotirador que disparó a un vigilante de la zona azul de Barcelona

El hombre resultó herido por un proyectil de plomo en la parte posterior de la cabeza

El joven, con cuatro amigos, también se empleó a fondo contra el mobiliario urbano

El límite entre la gamberrada y el delito se supera cuando laGuardia Urbana entra en casa. Sucedió la semana pasada en la equina de Sardenya con Ali Bei, en el Eixample, cerca de la estación del Nord. Agentes de la policía local entraron en un piso de la zona en busca de los autores de un disparo que dejó herido a un vigilante de la zona azul.

Impactos de bala en el mobiliario urbano, en la esquina de Ali Bei con Sardenya. 

Los hechos se remontan al 9 de marzo. Al parecer, cinco jóvenes de entre 26 y 30 años pasaron la tarde de ese miércolespegando tiros con armas de aire comprimido capaces de proyectar unamunición de plomo poco corriente, según explica el intendente encargado del caso, Juan Rodríguez. Destrozaron mobiliario urbano por valor de 2.000 euros, pero no acabó ahí la tropelía. Una de las balas, sin embargo, disparada con una escopeta con mira telescópica de gran precisión, impactó contra el cráneo del funcionario, que fue trasladado al Hospital del Mar. La víctima recibió cuatro puntos de sutura. Pudo ser mucho peor.

El médico, relata Rodríguez, tuvo que emplearse a fondo para poderretirar la bala del calibre 4,5, de plomo, con una punta de plástico, que había quedado incrustada en el hueso craneal. "De haberle disparado en un ojo, lo habrían matado porque habría llegado al cerebro". Asalta la duda sobre si le apuntaban a él. El agente arroja algo de luz: "No había nada más a su alrededor porque más allá solo había un campo de fútbol, así que lo más probable es que él fuera el objetivo".

TRAYECTORIA Y VECINOS

La posición de la víctima y la trayectoria de los disparos, así como la colaboración ciudadana, permitieron a la Guardia Urbana encontrar a los responsables. "Se quedaron muy sorprendidos cuando entramos en casa porque no pensaban que podríamos dar con ellos", relata el intendente. Se les imputa un delito de lesiones graves agravadas (por el uso de un arma) y otro de daños, por los desperfectos en semáforos, señales de tráfico y farolas. La policía ha confiscado, además de la escopeta, dos pistolas de aire comprimido. Para todas estas armas es necesaria una licencia municipal, que, según la Guardia Urbana, que sabe quién efectuó los disparios, no tenían. Todo el arsenal es propiedad de uno de los chicos.

Los jóvenes no han sido arrestados y según el relato del intendente "parece que poco a poco se van dando cuenta de lo que han hecho y de cuál es su situación". "Se quedaron de piedra cuando entramos en casa y sacamos la placa. Rápidamente nos admitieron lo que habían hecho". Rodríguez explica que este tipo de armas son habituales. No tanto el tipo de munición. En cualquier caso, señala, el único uso que se les puede dar es el de intentar acertar contra una diana, en ningún caso contra animales, ni mucho menos contra mobiliario urbano. Ni por descontado, disparar contra la cabeza de un vigilante de la zona azul.

CONCENTRACIÓN EN SOGRANDIO CONTRA ALCOR SEGURIDAD