viernes, 17 de junio de 2016
lunes, 13 de junio de 2016
La Policía Nacional detiene a seis integrantes de una organización por estafar a vigilantes y a clientes de seguridad privada
En Granada y Valencia
Los arrestados empleaban a vigilantes habilitados con falsos contratos y no los daban de alta en la seguridad social
Sustrajeron uniformes y medios materiales, además de utilizar marcas registradas de dos empresas de seguridad privada para suplantarlas y obtener contratos con clientes a los que emitían facturas falsas
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada y Valencia a seis integrantes de una organización que estafaba a vigilantes y a clientes de seguridad privada. Los arrestados empleaban a vigilantes habilitados con falsos contratos y no los daban de alta en la seguridad social. Sustrajeron uniformes y medios materiales, además de utilizar marcas registradas de dos empresas de seguridad privada para suplantarlas y obtener de este modo contratos con clientes a los que después emitían facturas falsas.
Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes adscritos a la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Granada detectaron determinadas irregularidades en las inspecciones que se efectúan a las empresas de seguridad privada en el marco de las competencias que tienen asignadas.
Suplantaban empresas de seguridad
Los policías averiguaron que un grupo de personas se hacía pasar por empresas de seguridad privada y que falsificaban los contratos y las facturas con clientes que necesitaban sus servicios para organizar determinados eventos. Además contrataban de forma eventual a vigilantes de seguridad plenamente habilitados sin darlos de alta en la Seguridad Social y con la falsa promesa de que iban a ser contratados indefinidamente por esas empresas.
Con el fin de dar mayor apariencia a las estafas habían falseado también los partes de servicio y demás documentación a la hora de realizar dichos servicios de seguridad privada y poder engañar a los usuarios contratantes. Para ello cometer los engaños habían sustraído incluso uniformes y medios materiales, utilizando además marcas registradas de dos empresas de seguridad privada.
Finalmente los investigadores consiguieron identificar y localizar a los implicados en esta estafa, realizada por toda España, y procedieron a su detención, cinco de ellos en Granada y uno en Valencia.
Las investigaciones han sido realizadas por la Unidad territorial de Seguridad Privada de la Comisaría de Granada, en colaboración con la Unidad Central de Seguridad Privada.
Todo lo que un vigilante de seguridad tiene prohibido hacer por ley
Conviene conocer qué funciones corresponden a la actuación de un vigilante de seguridad y cuáles no. Existen ciertas acciones que son ilegales y que puedes negarte a aceptar, tal y como se establecen en el artículo 32 de la Ley 5/2014 de seguridad privada. Enumeramos algunas de ellas:
Sólo tienen facultad en cualquier caso para detener el tiempo mínimo indispensable, que se estime para avisar a la policía, para que sean las autoridades las que se encarguen de proceder a la identificación del requerido, y siempre en aquellos casos de intento de comisión de delito o de realización material “in fraganti” en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección. Sólo pueden privarnos de la libertad deambulatoria con el fin de ponernos a disposición inmediatamente de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, así como los efectos y pruebas de los delitos. Ello se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 490) permite a cualquier persona practicar la detención.
No podrán proceder al interrogatorio de aquellos que hayan cometido un delito in fraganti, si bien no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades. Ello implica que no estamos obligados a responder a ninguna pregunta de las que nos formulen.
No pueden registrarnos el bolso y nuestras pertenencias salvo que accedamos voluntariamente a ello. Si nos oponemos, dicha labor sólo le compete a las autoridades. Si el vigilante toma la decisión de arrebatarnos el bolso y proceder a su registro nuestra mejor opción es avisar a la policía, y posteriormente interponer la correspondiente reclamación al centro.
No pueden realizar un cacheo, con la excepción de que otorguemos nuestro consentimiento. Existe la excepción de que por motivos de seguridad si existiera peligro para la integridad física del propio vigilante o usuario se podrán producir cacheos, y en ese caso el cacheo debe producirse por persona del mismo sexo.
Los vigilantes podrán efectuar controles de identidad, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos establecimientos. La negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su protección. Si nos encontramos en una tienda o supermercado y existen sospechas de que se ha podido perpetrar un delito y nos requieren, ahí no estamos obligados a enseñar nuestra identificación, sólo a las autoridades cuando se personen en dicho establecimiento.
Fuera del recinto donde el vigilante ejerce sus actuaciones carece de competencia, es decir queda fuera del ámbito de la vigilancia privada las zonas comerciales peatonales así como la vía pública donde no haya sido contratado, pasando a ser competencia exclusivamente de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, convirtiéndose los vigilantes en meros colaboradores de la acción policial.
Si un vigilante de seguridad nos requiere, lo primero en lo que debemos fijarnos es si lleva la placa de identificación profesional (TIP), si no dispone de dicha placa o no la quiere exhibir lo primero que debemos hacer es ponernos en contacto con la policía, puesto que no tenemos la certeza de que efectivamente haya recibido la formación necesaria y sea por lo tanto vigilante de seguridad.
Colombia: ‘Hay empresas de vigilancia al servicio de la criminalidad’: Superintendente de Vigilancia
Con respecto a la incautación de más de 100 armas de fuego a empresas de seguridad privada, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Carlos Mayorga, afirmó en el programa Pregunta Yamid que: “el servicio de vigilancia en Colombia es muy reputado” y que en Colombia operan legalmente cerca de 840 empresas de vigilancia con o sin armas en diferentes modalidades.
Pese a esto, el Superintendente aseguró que, en un operativo realizado por la entidad la semana pasada, se encontró una empresa legalmente autorizada que poseía un lote de armas extraviadas de otra compañía, también legal.
De la misma forma, indicó que se han encontrado compañías de vigilancia que se han prestado para delinquir transportando y protegiendo narcotraficantes. A estas empresas se les podrían suspender las licencias de funcionamiento dependiendo de los resultados de las investigaciones que ya adelanta la Fiscalía.
Con respecto a las irregularidades encontradas recientemente, Mayorga afirmó que existen empresas de seguridad privada que han falsificado documentos y permisos de funcionamiento otorgados por la Superintendencia a fin de prestar los servicios sin autorización del Estado, como la empresa VIP Protection Ltda., con sede en Cali.
No obstante, sobre la cantidad de empresas ilegales, Mayorga afirmó que no existe un censo por la incapacidad de la Superintendencia de controlar totalmente la situación. Frente a esta incapacidad, el Superintendente afirmó que: “no resulta una tarea fácil, estamos buscando ampliar la capacidad de la entidad”.
El Superintendente también se refirió al proyecto de ley que se hundió en el Congreso que buscaba regular el negocio de la Seguridad Privada en Colombia. Indicó que ya se encuentra preparando otro texto que contempla un nuevo régimen sancionatorio y nuevas normas para garantizar la óptima operación de estas empresas en función de los intereses de los ciudadanos.
De escoltas que protegen de los zarpazos de ETA a rondar la indigencia
Venden sus pertenencias por Internet y sufren secuelas psicológicas tras décadas de oficio. Estas son sus historias.
A Carlos, su trabajo como escolta le costó todo. Perdió a su mujer, se encontró asfixiado económicamente y la experiencia de vivir un atentado en primera persona le abrió una herida psicológica que nunca ha cerrado. Protegió a concejales y empresarios vascos de los zarpazos de ETA. Llegaba a casa “con las piernas temblando” tras jornadas extenuantes. Ahora subsiste gracias a una pensión que obtuvo tras diagnosticarle un trastorno de ansiedad fóbica. “Hay noches que en la cama revivo aquella explosión, como si estuviese ocurriendo de nuevo”, suspira. Ahora subsiste con una pensión que tuvo que pelear en los tribunales. Una suerte que no corren otros compañeros: “Muchos venden lo que tienen por Internet para llegar a fin de mes”.
Carlos, que ronda la cuarentena, ejerció durante diez años como escolta. La mayoría de ellos, en un municipio de Vizcaya. Prefiere no desvelar el nombre de la localidad “para que la gente no hile cabos y no me señalen”. La identidad que refleja en este reportaje también ha sido distorsionada. “Todavía vivo en un pueblo en el que todo el mundo se conoce y lo único que me falta es que sepan esta parte de mi vida -advierte-. Porque ya no matan, pero sus miradas sí que lo hacen”.
Todo giraba en torno a la vida de su protegido. Su sueldo iba entre los 2.500 y los 3.100 euros mensuales. “Pero que eso no llame a engaño”, apunta Carlos. Porque, según sus cuentas, había meses en los que trabajaba los 30 días, con jornadas que en ocasiones rozaban las 18 horas. “A veces no llegaba ni a cinco euros la hora -sostiene-. Y siempre con la tensión permanente de jugarme la vida”.
El escolta considera que el trabajo le costó la separación: “Cuando llegaba a casa estaba muerto. Mi mujer me decía si quería salir a tomar algo o a cenar, pero siempre le decía que no. ¡No podía ni moverme!”. A eso, añade, hay que sumar las jornadas laborales que se alargaban inesperadamente: “Si el escoltado quería salir a tomar una copa, no quedaba más remedio que seguirlo. Muchas veces van a locales nocturnos y cómo explicas en casa que, en vez de estar allí, tienes que irte de bares”.
LA PRESIÓN SOCIAL Y LAS SECUELAS PSICOLÓGICAS
Un error que Carlos cometió en su trayectoria profesional fue la de vivir en el mismo lugar en el que desempeñaba su labor como escolta. “Sentía la presión”, comenta. Porque la empresa para la que trabajaba mantuvo su coche durante un año y medio, y “todos” sabían cómo se movía. También era habitual, cuenta, que algunos vecinos tropezasen con él y con esa excusa le tocasen la cintura, donde llevaba el arma: “Era la manera que tenían de decirme: 'Sabemos quién eres y a lo que te dedicas”.
Las rodillas de Carlos terminaron torcidas por las horas que tenía que estar en pie. Además, ganó peso tras años comiendo comida rápida: “Era lo único que podíamos hacer, porque a menudo nos llamaban en mitad del almuerzo y teníamos que dejar todo a medias”. Aquello también afectó a sus problemas en las piernas.
Pero la herida más profunda del escolta está en su cabeza. “La explosión cambió mi vida”, asegura, en referencia a un atentado perpetrado por ETA contra un edificio institucional. Siguiendo el mismo criterio anterior, tampoco quiere que figuren detalles sobre este suceso. “No quiero que me relacionen”. Pero lo que sí explica Carlos es que la onda expansiva alcanzó su coche y, que por un momento, se temió lo peor: “Sigo reviviendo aquel momento cuando me voy a la cama”.
ESCOLTAS SIN SALIDAS LABORALES
Aquello le valió para que, cuando terminó de trabajar como escolta, la Seguridad Social le concediese una pensión. El trastorno de ansiedad fóbica que le había diagnosticado el psiquiatra le impedía desempeñarse en otra profesión. Pero, a los 18 meses, y con un informe médico idéntico al que había presentado en la primera ocasión, le retiraron la pensión. “Tuve que contratar a un abogado laborista para recurrir la decisión”, explica. Los tribunales terminaron por darle la razón.
Con todo, apunta que otros compañeros de profesión han terminado peor, “con una mano delante y otra detrás”: “A muchos les prometieron que los reubicarían en prisiones, pero han sido muy pocos”. Otros consiguieron trabajos a las puertas de las discotecas. Pero a la mayoría no le quedó otra salida que el paro. Y, con el tiempo, el fin de las prestaciones. “Tengo amigos que están vendiendo sus pertenencias por Wallapop -una app que permite la compraventa de objetos entre particulares-. Venden sus gafas de sol, su ropa… están asfixiados económicamente”.
DE 1.000 ESCOLTAS, A 200
La empresa de seguridad privada Ombuds ha sido la encargada de proteger a los cargos públicos relevantes en el País Vasco y Navarra en los últimos años. Pero el anuncio del “cese definitivo de la actividad armada de ETA” ha propiciado que muchos de los escoltas se viesen en la calle: mientras que en 2005 el número de agentes era próximo a los 1.000, en 2015 la cifra descendió hasta casi la veintena.
“No he encontrado nada desde que perdí mi trabajo como escolta”, reconoce Ángel. Como Carlos, también ronda los 40 años y cuenta su historia bajo un nombre ficticio. Le pesa hablar sobre su situación actual: de vivir en una buena vivienda en el corazón de Bilbao, a volver al piso de su madre en Madrid. “No me quedaba otra. Era eso, o la calle -explica-. Algunos estamos en una situación casi de indigencia, sin poder pagar las letras. Subsistimos gracias a las ayudas de familiares y amigos”.
Ángel se reconoce a sí mismo como un “obseso” de lo que vivió como escolta. Trabajó con concejales que “estaban bajo el punto de mira” en diferentes pueblos guipuzcoanos. “Pero llegó el día en el que nos dijeron que iban a reducir plantilla y que sólo mantendrían la seguridad a los cargos políticos de mayor rango”, apunta.
Aquella noticia levantó la venda que ocultaban algunas de sus heridas. “Empecé a desarrollar una depresión porque no sabía qué sería de mí -cuenta-. Vivía por y para mi trabajo. Y, de pronto, nada”. Ni siquiera la promesa de encontrar un nuevo trabajo en una cárcel le sirvió para levantar los ánimos. “Pero después, ni eso”, lamenta. Nunca recibió ninguna propuesta similar y su estado psicológico le ha hundido en “un agujero” del que no logra salir.
DE ESCOLTA, A CONCEJAL ESCOLTADO
“Ya no matan, pero sus miradas sí que lo hacen”. Óscar Álvarez Peón ha sido concejal del PP durante tres años en el Ayuntamiento navarro de Olazagutía. Nunca antes un edil popular había ocupado un asiento en este Consistorio, gobernado por EH Bildu. En legislaturas anteriores mandaban otras siglas de corte abertzale, como Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Acción Nacionalista Vasca. Una foto de un etarra en un pleno fue la gota que colmó la paciencia de Óscar, que en abril de este año presentó su renuncia al cargo.
“Aunque ETA haya renunciado a los asesinatos, la sensación de ahogo es permanente”, argumenta el hasta hace poco concejal. Habla con la autoridad de haber sufrido el acoso del entorno de la banda terrorista durante años. Porque hasta hace poco él también fue escolta: “Hay cosas que quedan para siempre, y lo que viví con ese trabajo me hizo pensar en la posibilidad de entrar en política. Es otra forma de proteger a la gente de estos extremismos”.
De la noche a la mañana, Óscar pasó de ser escolta -aunque sin desempeñar su profesión- a ser escoltado. “Siempre he defendido ese puesto”, sostiene, antes de añadir que “los que mataban” no han desaparecido de un día para otro. “En los pueblos sigue viviendo la misma gente y siguen fomentando el odio -añade-. Todos nos conocemos”.
Ahora, asegura, siente la misma presión que en su día debieron de sentir las personas a las que escoltó: “Cuando me quedo quieto por la calle, es normal que algún chico con moto dé varias vueltas a la manzana como diciendo: 'Este es nuestro lugar, no eres bienvenido'. También miran mi coche y estudian mis pasos”, detalla.
Óscar mantiene el contacto con otros colegas con los que recorrió las calles del País Vasco, cubriendo las espaldas a cargos públicos sobre los que se cernía la amenaza terrorista. La sensación que comparten es la de haberse “quedado tirados”, especialmente por las empresas para las que trabajaban. “Nos prometieron mucho y, después, nada”. Pero considera que, si volviese atrás en el tiempo, volvería a trabajar como escolta. “Cambiaría la forma de hacerlo, sin dedicarle todos y cada uno de los días del mes -señala-. Pero es algo que he sido y que no borraría de mi vida”.
Condenan a un vigilante navarro por pegar a un joven en el Interpeñas de Zaragoza
Seis meses de cárcel tras golpear en 2010, junto a un compañero, a un chico que accedía con un vaso lleno.
Un vigilante de seguridad de Navarra, natural de Segovia y domiciliado en la Cuenca de Pamplona y de 38 años de edad, ha sido condenado por el Tribunal Supremo, junto con otro compañero de trabajo, de origen polaco y de 40 años, a seis meses de prisión por un delito de lesiones después de que una sentencia reconozca que agredieron a un joven en el recinto festivo de Interpeñas, que se instala en la ciudad de Zaragoza durante las fiestas de la Virgen del Pilar. Los hechos ocurrieron en octubre de 2010 y un juzgado de Zaragoza ya condenó a los procesados, un fallo que ahora viene a ser confirmado por el Alto Tribunal.
Los dos acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con 3.714,30 euros más los intereses legales, pero en la resolución ya se contemplaba la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa de seguridad para la que trabajaban los dos acusados, que estaba en fase de liquidación al ser juzgados, y de la Federación Interpeñas de la capital maña, que se encarga de organizar el evento festivo y que había subcontratado la vigilancia y seguridad a esa firma.
En los hechos probados se recoge que sobre las 2.30 horas del pasado 12 de octubre del año 2010 “un joven pretendía entrar en el pabellón de Interpeñas, en el Actur de Zaragoza, llevando un vaso de litro con bebida en las manos. Una persona del servicio de seguridad le quitó la bebida y se la tiró a un contenedor, aunque la víctima le manifestó que esperar a hacerlo porque se la iba a pasar a un amigo. Entonces, el vigilante le puso la defensa en el cuello y lo fue llevando así agarrado hacia un saldo, acudiendo hasta el lugar los otros dos vigilantes condenados. Entre los tres tiraron a la víctima al suelo y le golpearon en la cabeza, rodilla y otras partes del cuerpo”.
Como consecuencia de la agresión, el joven sufrió diversas heridas, entre ellas un esguince en la rodilla, hematomas y heridas incisas en la cara que requirieron tratamiento facultativo después de una primera asistencia, tratamiento farmacológico y reposo. Curó en 90 días, durante los cuales estuvo impedido para su vida habitual 45 días, quedando unas algias residuales de previsible desaparición, que no constituyen secuelas.
SE EXTRALIMITARON Los procesados recurrieron al Supremo para que se les estimara la circunstancia eximente de haberse producido los hechos durante el ejercicio de un deber o cargo, pero el Supremo entiende, como el juzgado de instancia, que hubo “una clara extralimitación en la conducta de los acusados al agredir a la víctima sin que mediase provocación, violencia o resistencia”. Interpeñas también recurrió y se desestimó su recurso.
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