martes, 27 de septiembre de 2016

Robots armados empiezan a patrullar en uno de los mayores aeropuertos de China


  • Su función primaria es la de actuar como cámara de seguridad, pero cuenta con un brazo en su parte inferior capaz de soltar descargas eléctricas.

  •  También es capaz de buscar explosivos, armas y estupefacientes, y su precio por unidad ronda los 13.300 euros.
El aeropuerto de la ciudad meridional china de Shenzhen, vecina a Hong Kong y una de las que tienen mayor tráfico aéreo en el país, ha puesto a patrullar robots en una de sus terminales, uno de los primeros lugares públicos en China en contar con guardianes automatizados.

 Según el oficial Diario del Pueblo, estos aparatos, llamados Anbot ("an" significa "seguridad" en chino), tienen un aspecto ovoidal y no demasiado humanoide, que recuerda más al R2D2 de la Guerra de las Galaxias o al Dalek de la serie Doctor Who. 

Su "cara" dispone de una pantalla digital y una cámara de alta definición capaz de tomar imágenes de los viajeros para ser analizadas. 

Su función es por tanto, y de momento, muy similar a la de una cámara de seguridad, sólo que con mayor movilidad -puede desplazarse a una velocidad de hasta 18 kilómetros por hora- y está dotado además de un "arma" de defensa (un brazo en su parte inferior capaz de soltar descargas eléctricas para reducir potenciales enemigos). 

El Anbot fue desarrollado por una universidad china ligada al Ejército en la ciudad central de Changsha, y también quiere ser utilizado como vigilante en escuelas y bancos. 

También es capaz de buscar explosivos, armas y estupefacientes, y su precio por unidad ronda los 100.000 yuanes (13.300 euros, 15.000 dólares).

lunes, 26 de septiembre de 2016

Denuncian más violencia en las cárceles, con más agresiones ya que en todo 2015

Denuncian más violencia en las cárceles, con más agresiones ya que en todo 2015

El sindicato CSIF ha denunciado hoy un "repunte de la violencia en las cárceles españolas", ya que en lo que va de 2016 se han registrado casi doscientas agresiones de internos a funcionarios, 44 de ellas graves, lo que supone un incidente cada dos días y supera las contabilizadas en todo 2015.
Así lo ha denunciado hoy en rueda de prensa el sindicato CSIF, mayoritario en la Administración del Estado y en Instituciones Penitenciarias, y que ha detallado que no acudirá a la celebración de la patrona de las prisiones, La Merced, en protesta por la falta de plantilla y de un protocolo contra las agresiones.
El sindicato demanda una oferta pública de empleo urgente que permita reforzar las plantillas de las cárceles, envejecidas, y la articulación del citado protocolo, que según detalla sí se aplica en otros ámbitos de la Administración.
La puesta en marcha de esta iniciativa serviría para saber cómo actuar si hay incidentes, actuar de inmediato contra los agresores y y también para que los funcionarios sepan algunos antecedentes de los reclusos, por ejemplo si tienen problemas psiquiátricos o han protagonizado incidentes en otros centros.
En los nueve primeros meses de 2016 se han registrado 197 agresiones, 44 de ellas graves, frente a las 164 de todo 2015 (12 de estas graves), según los datos del sindicato.
CSIF teme que este "alarmante incremento de las agresiones" a funcionarios haga que a final de este año se superen las cifras del año 2009, cuando se sumaron 264 incidentes de este tipo, según el portavoz del sindicato, Jose Manuel Couso.
La comunidad autónoma más peligrosa según sus datos es Andalucía, seguida por Madrid.
Sobre esta última región han subrayado sus "características muy especiales" por la cantidad y el tipo de reclusos, y que el mayor número de incidentes se siguen concentrando en los centros de Estremera y Soto del Real.
El responsable de Prisiones en CSIF, Adolfo Fernández, ha mostrado fotos en las que se ve a funcionarios con puntos en los labios, con un gran moratón en un brazo o con un brazo vendado, fruto de agresiones de internos.
Como ejemplo de la situación que viven los funcionarios de prisiones han explicado que antes solía haber hasta quince trabajadores para reducir a un preso peligroso, pero ahora pueden ser solo cuatro o cinco y la mitad de ellos mayores de 50 años.
En los últimos años hay más internos procedentes grupos o bandas criminales, fuertes físicamente, así como imputados por terrorismo yihadista, pero a pesar de ello "no se recibe ningún tipo de formación específica", ha asegurado el portavoz.
Los representantes sindicales han criticado que mientras se descuidan las plantillas en la administración penitenciaria, el Gobierno refuerza la seguridad privada en las prisiones para los próximos años, con unas contrataciones que tienen un valor estimado de 58 millones de euros.
En su opinión la contratación de seguridad privada "no solo no resuelve el problema de falta de personal, sino que duplica labores", ya que hay lugares donde están un vigilante y un guardia, porque el primero no puede ejercer esa labor solo, e incluso a veces también hay un funcionario de prisiones.

Policías exploran nuevas medidas de seguridad con el uso de drones

El sindicato UFP en Almería impulsa un proyecto formativo pionero sobre el manejo de drones

Dos agentes participan en las prácticas del curso organizado por EISO y la UFP.   La Voz.

La Policía Nacional explora las posibilidades de la aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la seguridad ciudadana. La Unión Federal de Policía (UFP) en la provincia de Almería organiza un curso pionero orientado a la formación de los agentes del cuerpo en el manejo de  UAVs (aviones no tripulados), más conocidos como drones.
Las jornadas se desarrollan gracias a un convenio de colaboración con la Escuela de Imagen y Sonido de Almería (EISO) y permiten el adiestramiento de los agentes de la Policía Nacional en el uso de los aparatos y, a la vez, conseguir la certificación necesaria por la nueva normativa.
EISO acompañará los ejercicios propios del curso práctico, con prácticas adaptados a la actividad policial. Las posibilidades son enormes. Los drones pueden aplicarse en la búsqueda de personas desaparecidas, en la localización de artefactos explosivos y en el reconocimiento de zonas de difícil acceso o vetadas por las condiciones de inseguridad.
De hecho, su utilización se ha extendido en el ámbito militar y existen algunos proyectos en el terreno de la seguridad privada, por ejemplo, para la vigilancia desde el aire de polígonos industriales o espacios similares. También en grandes superficies de cultivo. Un único aparato dotado con una cámara de alta resolución (el mercado ofrece drones bien equipados a precios limitados) permite revisar una vasta extensión de forma ágil y en tiempo real.
La Policía Nacional indaga en esta dirección. “Es importantísimo que los policías nacionales de la provincia se especialicen en el manejo de drones, un uso en plena expansión dentro de los cuerpos policiales de todo el mundo”, señala Raimundo Morales, delegado de UFP en Almería.
Operadores “Para obtener el Certificado Oficial de Piloto de Drones se deben superar dos cursos, uno práctico en EISO y otro teórico en una entidad colaboradora, los cuales te habilitan legalmente para el pilotaje de los drones”, precisa Morales. Es un mecanismo, en cierto modo, similar al establecido para obtener el permiso de conducir.

No en vano, un aparato de dos kilos suspendido a varios cientos de metros en el aire que pierda el control puede producir en su caían daños fatales para un ciudadano. Una adecuada formación en su manejo es indispensable.
El primer grupo de policías nacionales que van a ser preparados por EISO comienza las clases de pericia integradas dentro del curso práctico la segunda semana de octubre, y se prolongará por espacio de un mes.
En Almería es la primera experiencia de estas características, aunque ya existen algunos grupos de aficionados al vuelo de drones con gran experiencia. Además, la UAL ha anunciado también la puesta en marcha de un máster (el primero en España) para operadores civiles.


Los suizos permitirán que el Estado controle su vida privada para reforzar la seguridad

La iniciativa ha sido aprobada con el respaldo del 66% de los participantes

El minsitro de Interior suizo, Alain Berst (d) y el ministro de Defensa Guy Parmelin - EFE

Los suizos aprobaron este domingo en referéndum incrementar la capacidad de los servicios de inteligencia y de vigilancia del país para controlar la vida privada de los ciudadanos con el fin de reforzar la seguridad y la lucha contra el terrorismo, según varios sondeos.
La iniciativa contó con el respaldo del 66% de los participantes en la consulta, según una encuesta publicada por el diario «Le temps».
Los helvéticos autorizaron a las autoridades a controlar las comunicaciones(pinchar los teléfonos y verificar correos electrónicos) y colocar cámaras o micrófonos, entre otros aspectos, a los sospechosos, siempre con autorización previa doble de las autoridades judiciales y ejecutivas del país.
La ley permitirá vigilar a una persona que haya regresado de un lugar donde haya activistas yihadistas, supuestos espías o grupos armados extranjeros.
A pesar de que la campaña en contra de esta ley argumentaba que puede socavar las libertades civiles de los ciudadanos, la mayoría prefirió aumentar la vigilancia.
Las autoridades helvéticas argumentaron que la ley no va tan lejos como otras que rigen en países más estrictos, como Estados Unidos.
Hasta la fecha, la ley vigente en Suiza prevé que las autoridades solo puedan usar la información que está disponible de forma pública o que hayan obtenido de otros servicios de inteligencia extranjeros.
Los que se oponían también argumentaban que podría socavar la«sacrosanta» neutralidad de Suiza al permitir la cooperación más estrecha con servicios de inteligencia extranjeros.
La nueva ley fue votada el año pasado pero no se ha podido implementar porque los que se oponían a ella lograron convocar este referéndum para revocarla, extremo que no han conseguido.
Por otra parte, los helvéticos también rechazaron este domingo una iniciativa que pretendía reducir el consumo de recursos naturales del país a un máximo que fuera sostenible para proteger el medio ambiente.
Finalmente, también se opusieron a un plan que pretendía aumentar las pensiones de los jubilados, con más del 60% de los votos en ambos casos, según el sondeo de «Le temps».

El Gobierno regional no modificará la forma de contratar la seguridad privada

El Ejecutivo anunció grandes contratos centralizados a partir de 2017 para evitar el acceso de empresas que incumplen el convenio estatal y precarizan las condiciones laborales de los trabajadores. El viceconsejero de Presidencia y Justicia dice ahora que "no pueden correr ese riesgo".

La Cadena Ser avanzó en marzo que el Ejecutivo iba a modificar la forma de contratar la seguridad privada a partir de 2017, después se anunció oficialmente, y ahora, a tres meses de renovar la licitación, el Gobierno regional dice que no puede cumplir lo que había prometido. En respuesta  a la diputada socialista, Carla Antonelli, el viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero, reconoció en la Asamblea que la propuesta que hizo en su día  la consejería de Economía y Hacienda para afrontar los problemas de contratación de los trabajadores de la seguridad privada  de la Comunidad no es viable."Todas las consejerías, sí que es cierto, nos habíamos movido en el sentido de que todos los contratos concluyesen el 31 de diciembre de 2016 para iniciar el contrato centralizado, pero realmente, y fruto de lo que estamos viendo, creo que ese riesgo no lo podemos correr", dijo.
La intención del Gobierno regional era centralizar los contratos de los trabajadores de seguridad de todas las consejerías  y después dividirlos en lotes para evitar el acceso de empresas que incumplen el convenio estatal y precarizan las condiciones de los trabajadores, algo que pueden hacer con la ley actual. Por ejemplo, el pasado mes de julio, la Consejería de Sanidad adjudicó un contrato de seguridad de más de 300.000 euros a una de las empresas de Miguel Angel Ramírez, conocido como el 'capo' de la seguridad en Madrid. 

Un nuevo "brindis al sol" de Cifuentes
El PSOE asegura que la situación de los trabajadores de seguridad de la Comunidad es "dramática" y denuncian que "a la sombra de la reforma laboral del PP se han creado empresas fantasma para contratar a la baja y esquilmar los sueldos de los trabajadores". Según dicen, estas empresas concursan en la licitación de los contratos de la seguridad privada para los edificios de la comunidad y lo que hacen al día siguientes es reducir un 40% el sueldo de los trabajadores. 
La diputada Carla Antonelli acusa al Gobierno regional de haber incumplido su promesa de resolver la situación de estos empleados y hacer un nuevo "brindis al sol". "Estamos al principio de la historia, la Comunidad de Madrid no ofrece soluciones, y lo único que ofrece son titulares para salir del paso y a ver si nos olvidamos durante unos meses de estar presionando. El problema son 90 personas que están cobrando 400 euros menos", subraya la socialista. 
 El Gobierno promete endurecer los criterios de adjudicación
La Consejería de Presidencia reconoce que el anuncio "no se va a llevar a cabo" y que resulta "muy difícil" elaborar un solo contrato porque existen demasiadas especificidades en cada edificio y "no está garantizado" que el concurso no se adjudique a una de las empresas que no cumplen con el convenio estatal.  Fuentes del departamento aseguran a la SER que Ángel Garrido, portavoz del Ejecutivo y Consejero de Presidencia y Justicia, ha dado la orden de que se incluya en los próximos pliegos una cláusula unificada para priorizar que el contrato se conceda a empresas que no se descuelguen del convenio estatal frente al criterio precio.

EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA EN 2015 (APROSER)


En el ejercicio económico 2015, y tras varios años de una profunda crisis en el sector, la seguridad privada en España ha experimentado una incipiente recuperación, pero todavía menor que el porcentaje de crecimiento de la economía española en este mismo período.
La facturación total del sector alcanzó los 3.481millones de euros, y aunque todavía es inferior a la realizada en 2007, representa un incremento del 2,87% en términos interanuales. De ellos, 2.159 millones corresponden al segmento de vigilancia, lo que implica un incremento del 1,79%. El área de Sistemas y Alarmas facturó 1.026 millones, con un incremento del 5,45% con respecto al año anterior, en tanto que la actividad de Transporte de Fondos alcanzó una facturación total de 296 millones de euros, con un crecimiento del 2,23%.
Las previsiones de cierre para 2016, en un escenario estable, deberían mejorar levemente las cifras de 2015, si bien las diversasincertidumbres del entorno nacional e internacional podrían tener una incidencia negativa en las cifras finales. Por otra parte, según se desprende de la información publicada por las empresas del sector, los márgenes comerciales han seguido contrayéndose, reflejándose una nueva e importante disminución en relación con 2014.
La procedencia del negocio no representa variaciones significativas con ejercicios precedentes, proviniendo del sector público un 17%, frente al 83% del sector privado. A su vez, la facturación de las Administraciones Públicas muestra que el 23% procede de la Administración Estatal, la Administración Autonómica aporta el 17%, la Administración Local el 10% y las empresas públicas el restante 50%.
En cuanto a los segmentos de demanda en vigilancia, destaca el sector de Industria y energía con un 17,9%, seguido de Comercio, con un 16,1%. A continuación, las infraestructuras de transporte, que agrupan un 13,8% del total, las Entidades financieras con un 12,5%, los servicios con un 12,3% y la vigilancia en Edificios e instalaciones de Organismos Públicos, con un 8,5%. El resto se reparte en Residencial, Salud, Educación y otros.
Con un total de 1.534 empresas de seguridad privada, 1.305 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 197 por la Generalitat de Catalunya y 32 por el Gobierno Vasco. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la mayoría de ellas, un 82%, tienen menos de 50 trabajadores, lo que refleja la atomización del sector.
Los vigilantes de seguridad privada en activo son 78.200, lo que representa un incremento del 3,4%, casi el doble del de la facturación. De ellos, el 87% son hombres. La edad media del personal de seguridad es de 44 años, en tanto que la del personal en estructura es de 42 años. Todas las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y las de mayor antigüedad en el sector están asociadas a APROSER.
En el nivel de formación predomina FP y Bachillerato con un 47%, seguido de la enseñanza obligatoria con un 45%. Licenciados y diplomados son un 4% en cada caso. La modalidad de contratación es, mayoritariamente, de carácter indefinido, con un 82%, muestra de la apuesta del sector por la estabilidad en el empleo, situándose la rotación del personal en un 15%.
Lo principales problemas a los que sigue enfrentándose el sector son: la competencia desleal, el intrusismo, la escasa rentabilidad, los bajos precios de licitación (en particular de las Administraciones Públicas), la ausencia de responsabilidad subsidiaria y la inseguridad jurídica.

Cifras y datos año 2015





El PSOE-M denuncia la situación de los trabajadores de la empresa Sinergias de Seguridad en Madrid.

El PSOE-M denuncia la situación de los trabajadores de la empresa Sinergias de Seguridad, que la Comunidad de Madrid tiene contratada en varias de sus dependencias. Trabajadores que tras la subrogación a esta empresa Pirata están perdiendo mensualmente mas de 300€.