miércoles, 30 de noviembre de 2016
El Tribunal Supremo respalda el papel de las secciones sindicales
El Supremo ha admitido la legitimidad de las secciones sindicales para negociar un convenio de empresa de ámbito nacional, siempre que acrediten la mayoría de los representantes unitarios.
La aprobación de la reforma laboral de 2012 fue el pistoletazo de salida para que muchas empresas se sentaran a negociar un nuevo convenio que se adaptara a esta normativa. Esto no sólo ha provocado trabajo extra para los representantes legales, sino también para los tribunales, que han tenido que pronunciarse sobre la idoneidad de los nuevos textos.
Esta avalancha de cambios ha provocado, sin embargo, que muchos de estos convenios hayan sido tumbados en los juzgados -al menos, parcialmente- por, entre otras razones, fallos de forma o de negociación. No es el caso del convenio de empresa de Alcor Seguridad que, aunque el Tribunal Supremo ha ratificado que la reducción salarial presentada en las nuevas tablas no tiene efecto retroactivo, no ha sido declarado nulo por el Alto Tribunal, como ha pasado, hasta ahora, con el resto de los documentos negociados por empresas de seguridad privada.
El fallo de la sala de lo social del Supremo, que ha sido dado a conocer recientemente, va más allá y da un espaldarazo a la labor que realizan las secciones sindicales en este tipo de discusiones. "La sentencia admite que la representación sindical puede negociar un convenio de empresa de ámbito nacional a pesar de que el propio sindicato se echara para atrás una vez cerrado el acuerdo e impugnara la decisión acordada por sus propios representantes", comenta Alberto Novoa, abogado laboralista de Ceca Magán.
El Supremo, que respalda la sentencia emitida por la Audiencia Nacional, rechaza la anulación del convenio pretendida por los demandantes -cinco sindicatos- sobre la base de que se había negociado con una comisión híbrida, compuesta por representantes sindicales y por unitarios (delegados de personal y comité de empresa).
UGT obtiene la mayoría absoluta en Seguriber Madrid
25/11/2016 | FeSMC-UGT ı Seguridad
UGT ha logrado la mayoría absoluta en las elecciones sindicales celebradas ayer jueves en la delegación de la empresa Seguriber en Madrid con 7 delegados frente a los 3 y 1 obtenidos respectivamente por USO y CCOO.
Nuestra sección sindical en Seguriber ha encabezado en los últimos años la defensa de los derechos de los trabajadores de esta empresa, liderando las reivindicaciones que finalizaron con la firma de un acuerdo que devolvía a la compañía al cumplimiento y a la aplicación íntegra del Convenio Colectivo Nacional de empresas de Seguridad, tras años de inaplicación del mismo.
Seguriber, en manos de la conocida empresaria Mónica Oriol, lideró, tras su publicación, la más dura aplicación de la nefasta reforma laboral de Rajoy, buscando una posición ventajista sobre el resto de empresas del sector mediante la aplicación de condiciones inferiores a las recogidas en el convenio nacional. Todo ello, además, mediante un modelo de gestión empresarial que se ha demostrado más que ineficaz dentro del sector de la Seguridad Privada y que fue contestado desde UGT hasta la firma del acuerdo que dejaba sin efecto el convenio propio que la empresa venía aplicando.
La lucha y el buen trabajo de nuestros delegados y delegadas en Seguriber culmina con este éxito electoral, que visualiza, sin duda, el refrendo otorgado por la inmensa mayoría de la plantilla.
Resultados totales:
UGT: 7 delegados/as.
USO: 3
CCOO: 1.
AS: 1.
'Quizá quien quiso matarme pretenda acabar lo que ya intentó'
La decisión del juez de sacar de la cárcel al agresor del vigilante en la estación de Sant Vicenç genera rabia e indignación
José Manuel recibió a primera hora numerosas llamadas de compañeros avisándole de la noticia del Diari de que la Audiencia Provincial había sacado de la cárcel al joven de 19 años que hace unos día intentó apuñalarle en la estación de Sant Vicenç de Calders.
José Manuel atiende la llamada mientras se viste para ir a una estación, de la que evita revelar el nombre, donde trabajará de vigilante de seguridad. «¿Y qué quieres que haga?». Aunque sabe que «el hombre que intentó matarme está otra vez suelto y quizá como represalia pretenda acabar lo que ya intentó».
Indignación, rabia, impotencia «y miedo», es el estado con el que el vigilante de seguridad estará en la estación. «Pero ya no sólo yo. Cualquier vigilante de seguridad seguirá hoy estando vendido ante cualquiera que quiera atacarle».
El pasado 3 de noviembre un grupo de viajeros en la estación de Sant Vicenç de Calders alertó a la pareja de vigilantes de que unos jóvenes realizaban destrozos en un vagón. Los vigilantes fueron agredidos por los dos jóvenes. Uno de ellos apuñaló a uno de los miembros de seguridad privada. El cuchillo iba directo al corazón, pero el teléfono móvil que llevaba el vigilante en el bolsillo le salvó la vida.
Los jóvenes fueron arrestados por los Mossos y el agresor con el cuchillo ingresó en prisión acusado de un delito de tentativa de homicidio. Ahora la Audiencia ha dictado su salida de la cárcel al considerar que no hay riesgo de reiteración ni de fuga, además de tener domicilio conocido y arraigo familiar en España.
A José Manuel, el vigilante atacado y que hasta hace poco tenía que seguir asistido por un psicólogo, lo de la no existencia de riesgo de reiteración le indigna. El vigilante tiene 50 años, lleva 27 en ese trabajo y muchos de ellos en estaciones, por lo que sabe cómo actúan algunas personas que se mueven por determinadas líneas.
«Saldré a trabajar como otros días», dice el vigilante. «Aun sabiendo que puedo tener represalias de quien me intentó matar».
El abogado defensor del joven de 19 años que saldrá a la calle pidió dejar sin efecto la prisión provisional al considerar que su defendido no ha cometido ningún delito castigado con una pena igual o superior a los dos años, ni tampoco existen motivos bastantes para considerarle responsable criminalmente de los mismos. Tampoco existe ningún peligro de que intente ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para la investigación. Sin embargo el fiscal solicitó que el acusado siguiese en prisión preventiva.
Segur Ibérica presenta concurso y propone despedir a toda la plantilla
La compañía cuenta con unos 7.000 empleados y pretende ser saneada ante de adquirirse por un fondo de inversión
Segur Ibérica ha comunicado a los representantes sindicales de los trabajadores que ha solicitado el concurso de acreedores ante los tribunales y que presentará un despido colectivo que, a falta de concretarse exactamente en que áreas se centraría, comienza afectando a toda la empresa. Ha sido este martes, en una comunicación que ha sorprendido a los propios sindicatos por su crudeza. El pasado 8 de noviembre, la compañía desmintió a Vozpópulique hubiera concurso de acreedores ni que fuera a cerrar, tal y como se había informado.
El sindicato USO, que lanzó un comunicado sobre la reunión, calificó de "jarro de agua fría" la comunicación del concurso. Para ellos, "es una forma de decir que lo que pretenden es abaratar un ERE ya por sí muy abaratado gracias a las últimas reformas laborales". Según aseguran, la empresa ha asegurado que quiere dejar todos los servicios que considera deficitarios, "que según ellos son los que no dejan un margen de beneficio suficiente o que se retrasan sistemáticamente con el pago".
El objetivo es preparar la venta de la compañía y subrogar a muchos trabajadores siempre que sea posible.
Por su parte, en CCOO destacan que el ERE se inició este pasado lunes 28 pero que "no se ha detallado todavía la afectación real ni señalado listados de puestos teóricamente afectados". La compañía estaría realizando este saneamiento con la intención de ser vendida a algún comprador. A día de hoy, el accionista mayoritario es el fondo español MCH, quien a través deMCH Iberian Capital Fund III, controla Segur Ibérica mientras está presente en el accionariado de Europastry (productor de masas congeladas), Talgo o Lenitudes (operador de hospitales).
A pesar del anuncio de que el ERE está dirigido a todos los trabajadores (el grupo Segur tiene unos 7.000 entre sus empresas Segur Ibérica, EAS, Consorcio de Servicios y Segur Fuego), difícilmente habrá tantos despidos ya que el objetivo es poder subrogar los trabajadores a las empresas comprantes. En muchos casos, el inicio del año podría tomarse como referencia para cambio del contrato. No obstante, el problema por el momento es que puede haber muchos servicios que sean deficitarios y tendrían complicado encontrar comprador.
martes, 29 de noviembre de 2016
Forética y APROSER destacan la importancia de integrar la RSE en la compra pública de servicios de seguridad
Forética junto a APROSER, la asociación profesional de compañías privadas de servicios de seguridad, han organizado una jornada en Sevilla en la que han analizado las claves de la contratación pública responsable, especialmente las relacionadas con el sector de la seguridad privada, y se han presentado buenas prácticas en este ámbito en Andalucía.
El acto ha servido para presentar el informe elaborado por Forética con la colaboración de APROSER bajo el título “La RSE en la compra pública de servicios de seguridad” (descargable aquí). El documento analiza cómo la RSE representa una herramienta importante para asegurar un servicio de calidad en este tipo de compañías, al poner en valor los impactos positivos de estas empresas en el ámbito económico, la gestión de riesgos asociados con la dimensión social y la prevención en lo relativo a potenciales impactos ambientales negativos (por ejemplo, en la prevención de accidentes con repercusión ambiental).
En un sector como el de la seguridad privada -con unos impactos sociales muy importantes- el informe destaca que aquellas empresas que optan por modelos más sólidos de selección, retribución y formación garantizan una fuerza de trabajo en mejor disposición de desarrollar eficientemente su tarea y con una mayor calidad del servicio prestado. Además, estas empresas son capaces de generar un mayor dividendo social, contribuyendo a través de las cotizaciones sociales a la sostenibilidad del estado de bienestar y devolviendo, por esta vía indirecta, una parte del importe recibido a través de los contratos públicos.
Recomendaciones para la integración de la RSE en el sector
Según el presidente de APROSER, Ángel Córdoba, “integrar criterios socialmente responsables en los procesos de contratación es un reto esencial para quienes compartimos la necesidad de llevar a cabo una actividad empresarial eficiente y al mismo tiempo responsable con nuestro entorno, con un modelo basado en el respeto básico de los derechos de los trabajadores y en una competencia leal entre las empresas”.
Por su parte, el Director de Desarrollo Corporativo de Forética y director del estudio, Jaime Silos, ha subrayado que “la RSE del sector de la seguridad privada es un elemento que contribuye a la responsabilidad social de otros agentes en su cadena de valor, como la administración pública o empresas privadas que contratan este tipo de servicios. La transparencia del rendimiento y evolución en estos aspectos es una oportunidad clave de diferenciación para estas compañías”.
El informe identifica las siguientes recomendaciones para la sostenibilidad en el sector: la integración en los procesos de contratación pública de criterios sociales y ambientales, la sensibilización y formación en RSE para grupos de interés clave del sector de la seguridad privada, la creación de una plataforma de liderazgo y diálogo de la gestión responsable en el sector, la mejora del diálogo entre los grupos de interés de la seguridad privada, y el aumento de la transparencia y comunicación de buenas prácticas de RSE del sector.
En la apertura del acto han intervenido junto al Presidente de APROSER, el Secretario General de la CEA, Antonio Carrillo, y el Director General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, Antonio Miguel Cervera. Éste último ha centrado su exposición en la “Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación” de la Junta de Andalucía, en cuyo proceso de elaboración participó APROSER Andalucía, mediante su pertenencia a la CEA.
Tras una mesa redonda sobre buenas prácticas en contratación pública responsable, moderada por Eduardo Cobas, desde la Secretaría del Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, con la participación de la Diputación de Sevilla, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la clausura ha corrido a cargo del Presidente de APROSER Andalucía, Miguel Sánchez Pizarro.
El fin de los atentados de ETA ha dejado sin empleo a casi 4.000 escoltas
Los últimos 109 efectivos que servían en el País Vasco y Navarra han sido despedidos este mes de noviembre
El fin de los atentados de ETA hace cinco años ha dejado sin empleo a casi 4.000 escoltas, un colectivo que llegó a sumar 5.500 efectivos y que este mes de noviembre ha visto cómo se despedían a los últimos 109 trabajadores que en el País Vasco y Navarra integraban el dispositivo de seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista.
La empresa privada Ombuds Compañía de Seguridad S.A. presentó el pasado 14 de noviembre un ERE --el séptimo-- de extinción para la totalidad de los escoltas de Euskadi y Navarra, una plantilla que llegó a superar los 3.000 efectivos sólo en estas dos regiones.
La Asociación Española de Escoltas (ASES) cifra en 5.500 los escoltas privados que formaron parte de la plantilla contratada por el Ministerio del Interior hasta 2010, cuando se iniciaron los primeros despidos ante la progresiva debilidad de ETA gracias a la eficacia de las operaciones policiales, principalmente en Francia.
En la actualidad quedan unos 350 agentes privados que se suman al millar de escoltas de las fuerzas de seguridad del Estado que siguen prestando protección a personalidades, en cumplimiento del criterio fijado por el Ministerio del Interior.
El Congreso ha tratado diferentes iniciativas para recolocar a los antiguos escoltas que hicieron frente a la amenaza de ETA en puestos de trabajo relacionados con la seguridad de prisiones o para hacer frente a la violencia de género. "A pesar de la buena voluntad de todos los partidos, la realidad es que no han llegado a concretarse en ninguna propuesta firme y de calado", ha asegurado a Europa Press el presidente de la Asociación Española de Escoltas, Vicente de la Cruz.
Según sus datos, el 80% de los casi 4.000 antiguos escoltas ha conseguido un nuevo empleo como vigilantes de seguridad o en servicios de protección de altos ejecutivos de empresas. "Quedan otros 350 en una situación personal muy delicada porque no han conseguido reinsertarse en el mercado laboral", precisa el presidente de ASES.
20 ESCOLTAS EN PRISIONES
La última vez que se trató este asunto en el Congreso fue en la Comisión de Interior del 18 de octubre, donde se aprobó una proposición no de ley a favor de la reinserción laboral de los calificados por la diputada socialista Zaida Cantera como "ángeles de la guarda". El PSOE y Ciudadanos criticaron lo que interpretan como un incumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy, que prometió forzar a las empresas privadas a las que se concedió la seguridad perimetral de las prisiones a que contrataran a antiguos escoltas.
El propio secretario de Estado de Seguridad hasta este 21 de noviembre, Francisco Martínez, defendió hace dos años en el Congreso que uno de cada tres escoltas que protegía a personas amenazadas por ETA se había integrado en este plan del Ministerio del Interior. Negó que se hubiera dejado "a nadie tirado" y habló de un "pacto de caballeros" que se había respetado, aunque advertía que a todos los antiguos escoltas no les había interesado pasar a hacer vigilancia privada. "No es el mismo trabajo", enfatizó.
Según aclara el presidente de la Asociación Española de Escoltas, la realidad es que han sido 20 los antiguos escoltas que han sido reubicados en la seguridad perimetral de las cárceles, un número "simbólico" entre otras cosas porque la ley no puede obligar a empresas de seguridad privada a elegir qué personal contrata para desarrollar este trabajo.
'CROWDFUNDING' PARA LA REINSERCIÓN
Para paliar lo anterior, la Asociación Española de Escoltas dispone en su página web de un proyecto de 'crowdfunding' por el que cualquier persona o entidad puede hacer donativos para respaldar la reinserción de quienes "prestaron con sacrificio, entrega y éxito protección a más de 2.000 cargos públicos y privados frente a la amenaza de ETA".
El objetivo de esta campaña, lanzada hace cuatro meses y presentada a los grupos parlamentarios, es conseguir que estos antiguos escoltas pasen a prestar un servicio de chófer y acompañamiento a personas que lo precisen y que puedan requerir "una especial confianza y experiencia para sus desplazamientos". La ASES cita a menores, víctimas de violencia de género o personas con trabajos en zonas conflictivas como los potenciales beneficiarios.
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