El guardia civil recientemente indultado por el Gobierno después de grabar con su móvil una agresión sexual mientras se mofaba, es hijo de un concejal del PP en el Ayuntamiento de la localidad asturiana de Lena. El indultado Manuel Arbesú González, según ha confirmado a Público la secretaria general de la Federación Socialista de Lena, Montserrat Álvarez, es hijo de José Manuel Arbesú Santamaría, edil del Partido Popular en el Consistorio, además de secretario general del partido en el municipio.
Según la socialista, el concejal había llevado a cabo una campaña de recogida de firmas en el pueblo para que se le concediera el indulto a su hijo, que había sido condenado por la Audiencia Provincial a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por omisión del deber de perseguir delitos [consulte aquí la sentencia]. Sin embargo, la medida de gracia, otorgada el pasado 30 de mayo junto a otras siete, dejaba la pena en una multa de mil euros que deberían pagar entre el agente, que grabó en vídeo el episodio riéndose en todo momento, como el agresor, que era su acompañante cuando se produjo el delito. 500 euros por cabeza.
Para Álvarez, la medida de gracia firmada por el ministro de Justicia "da miedo", ya que como agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Arbesú debería haber actuado para evitar la agresión, y considera "ridícula" la sanción por la que se ha conmutado la pena.
Desde el PSOE, su secretaria de Igualdad, Purificación Causapié, ha exigido este domingo al Gobierno que retire el indulto, ya que "es una vergüenza, un ataque a la dignidad y a los derechos de las mujeres españolas y una humillación para las mujeres españolas".
La dirigente socialista ha recalcado que "no se puede plantear ante la sociedad que un hecho de estas características no tiene ninguna sanción social" y ha subrayado que "hay que trasladar el mensaje de que no vamos a permitir más agresiones a las mujeres".
El agresor tampoco irá a prisión, ya que fue condenado a nueve meses pero, al carecee de antecedentes penales y no excediendo de una año la condena, queda exento de ser encarcelado.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a un hombre de 52 años por presuntamente falsificar la documentación necesaria para trabajar como vigilante y jefe de seguridad privada en un festival de música de la provincia. El arrestado compró la acreditación a otra persona en plena calle por 60 euros, según ha informado la comisaría provincial en un comunicado.
El arresto se produjo el miércoles 3 de agosto mientras los policías realizaban una inspección en materia de seguridad privada en el recinto de un certamen musical en la provincia de Castellón, durante las comprobaciones sobre empresas, contratos y personal del evento.
En la evaluación a un jefe de seguridad, los agentes se percataron de que la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) con la que se identificó era falsa y que llevaba otro carné también ilícito que le acreditaba como vigilante de seguridad.
El detenido compró ambas acreditaciones en plena calle a un desconocido, al que dio 60 euros, sus datos personales y las fotografías. Tras las pesquisas, la Policía ha esclarecido que tenía caducada su identificación verdadera de jefe seguridad y que no había podido renovarla por tener antecedentes.
Ante estos hechos, el hombre de 52 años y origen español fue detenido como presunto autor de un delito de falsificación de documento público, tras lo que pasó a disposición judicial.
El empresario y presidente del club de fútbol de Primera División Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, irá a prisión el próximo 5 de octubre. Así lo dictaminó el pasado 13 de junio el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas, en virtud de la ejecución de la sentencia dictada en 2011 por la Audiencia Provincial, que condenó al también propietario de la mercantil Seguridad Integral Canaria a tres años de cárcel por la construcción de obras ilegales. Tan solo una cosa podría evitar que el hombre que fichó a Kevin Prince Boateng sea encarcelado.
El Gobierno podría indultarle antes de la 'fatídica' fecha del 5 de octubre. El Consejo de Ministros tendría que aprobar la petición realizada por el propio empresario tras la propuesta del Ministerio de Justicia, que aún no se ha pronunciado. No sería la primera vez que el Ejecutivo indulta al presidente y máximo accionista de la Unión Deportiva. La medida de gracia ya le fue concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2013 por la misma causa judicial. En concreto, rebajó de tres a dos años la condena, lo que hacía que en la práctica el empresario no entrara en prisión al carecer de antecedentes. Sin embargo, el Tribunal Supremo tumbó el indulto en junio de 2015 tras el recurso de la asociación Ecologistas en Acción, impulsora de la investigación inicial que llevó a la condena.
Una sentencia dictada en 2011 por la Audiencia Provincial le condenó a tres años de cárcel por la construcción de obras ilegales
El alto tribunal argumentó que el indulto debía ser anulado porque no había contado con el informe preceptivo de la Audiencia Provincial, sino solo con el del Juzgado de lo Penal número 5. Entendía el Supremo que la Audiencia también había participado en la sentencia y, por lo tanto, era necesaria su opinión. Tras el requerimiento, el alto tribunal de Las Palmas informó a favor del indulto, lo que motivó que Ramírez volviera a reclamar la medida de gracia, que deberá aprobarse antes del 5 de octubre tras ordenarlo así el auto del Juzgado número 5.
La decisión sobre si el empresario ingresa o no en prisión la tomará, por lo tanto, un Gobierno que aún se encuentra en funciones y del que ya no forma parte el que fuera ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, con quien Ramírez mantiene una relación de amistad desde hace años que ha sembrado de dudas la gran cantidad de adjudicaciones que ha recibido Seguridad Integral Canaria en esta legislatura por parte de la Administración General del Estado. La propia Tesorería General de la Seguridad Social ha contratado los servicios del empresario a pesar de que ha sido este mismo organismo el que ha establecido en 12 millones de euros la cantidad que Ramírez le adeuda.
Victoria Rosell, junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)
La Tesorería remitió un informe al Juzgado número 8 de Las Palmas en el que que esos 12 millones era la cifra adeudada por las mercantiles del Grupo Ralons, matriz de Seguridad Integral Canaria, a la Seguridad Social. El documento fue presentado a requerimiento del Juzgado, que investiga el fraude en el que ha incurrido presuntamente Ramírez tanto con este órgano como con la Hacienda Pública, un proceso judicial que ha pasado ya por tres jueces instructores, entre ellos la magistrada Victoria Rosell, que abandonó el juzgado para sumarse a las filas de Podemos, o Salvador Alba Mesa, que fue grabado por el propio Ramírez. Ahora es la magistrada Carla Vallejo quien dirige la instrucción.
Entre las irregularidades, el Juzgado investiga las "estratosféricas" dietas -en palabras de Hacienda- que la empresa abonaba a los trabajadores con el fin de evitar que estos pagos fueran contabilizados como otros conceptos sujetos a retenciones. Según la Agencia Tributaria, la mercantil acudía al abono de estas dietas y kilometraje porque se trata de partidas exentas desde el punto de vista fiscal, con lo que la compañía se ahorraba el pago de los impuestos correspondientes.
En el marco de esta causa, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó al Juzgado número 8 imponer una fianza de responsabilidad civil al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. El Juzgado ha ido rebajando durante los últimos meses la cifra, que la acusación particular -ejercida por la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera- reclamó inicialmente que fuera de 60 millones de euros. Tras la petición, el Juzgado la situó en 35 millones y amenazó con embargar los bienes de Ramírez si este no pagaba, lo que ponía el foco sobre el club de fútbol del que, además de presidente, es accionista el empresario. Tras el recurso de Ramírez, rebajó a 17 millones la fianza y posteriormente hasta los actuales 3,5 millones establecidos.
La policía apunta a un entramado de fraude en subvenciones, administración desleal y delito contra los trabajadores que dejó el sindicato en manos de una gestora
Antonia Gil, exsecretaria general de USOC, en una foto de archivo. TEJEDERAS
De una forma sostenida durante 30 o 40 años, USOC, el tercer sindicato de Cataluña con unos 15.000 afiliados, creó una presunta estructura opaca e irregular que acabó con la quiebra de la organización y la dimisión en bloque de la comisión ejecutiva, en 2013, y la constitución de una junta gestora. El sumario del caso Astrea, al que ha tenido acceso a EL PAÍS, señala que la anterior directiva del sindicato, encabezada por Antònia Gil, pudo haber cometido fraude en los 3,2 millones de euros que recibió en subvenciones para formación durante seis años. La policía sospecha que parte de ese dinero se utilizó para pagar sueldos y obtener beneficios a través de contratos de alquiler simulados.
El informe de los Mossos señala como “líder indiscutible” de la trama a Antònia Gil, una dirigente sindical implicada en los movimientos de trabajadores desde la década de 1990. “Llevaba el sindicato con extrema firmeza, llegando a realizar amenazas verbales, contra los que opinaran o actuaran en su contra”, señala el sumario del caso, en el que se investigan a 40 personas.
ASÍ QUEBRÓ LA TERCERA CENTRAL DE CATALUÑA
La anterior directiva podría haber cometido fraude en los 3,2 millones de euros que recibió en subvenciones.
La policía sospecha que ese dinero se utilizó para pagar sueldos y complementos salariales por 486.000 euros de forma irregular.
La entidad gestora que se hizo cargo del sindicato admitió que no se podría enderezar fácilmente una incercia de 30 o 40 años.
Bajo su mandato, la policía describe de manera pormenorizada varias irregularidades que fueron denunciadas por tres trabajadores. Primero, se realizó un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que afectó a 13 personas. La dirección les pidió que acudiesen a sus puestos de trabajo y que se les abonaría la diferencia entre lo que les pagaba el Estado y lo que cobraban en activo. Aquellos que no accedieron, fueron amenazados con ser despedidos. Los mossosconsideran que la cifra defraudada no llega a delito contra la Seguridad Social, pero sí contra los trabajadores.
Complementos salariales
Además, con el objetivo de conseguir votos para seguir dirigiendo el sindicato, los mossos apuntan que durante años el sindicato pagó complementos salariales de forma irregular. En concreto, la cifra asciende 486.000 euros. Esos complementos los cobraban “multitud de personas con la finalidad de garantizar votos en futuras reuniones, consejos y comités”, según afirma la policía catalana en base a diversas intervenciones telefónicas y tras haber realizado un análisis de las cuentas. Esas prácticas son consideradas por los mossos como un delito de administración desleal.
Tal era el desmán económico dentro de la organización de representación de los trabajadores que la entidad gestora que se hizo cargo después, a manos de María Recuero, admitió que no sería fácil ponerle una solución. “Una inercia de 30 o 40 años aquí no se puede arreglar en dos meses”, sostenía un empleado en conversación con Recuero sobre los complementos irregulares.
Los Mossos también investigan a Recuero, que formó parte del equipo de Antònia Gil. Aseguran que es una de las personas que cobró de las subvenciones destinadas al Aula de Formación, “sin que haya rastro tangible de su actividad”. La policía catalana sospecha que los cursos costaban menos de lo que suponía la subvención. Y con ese dinero pagaban al menos cinco sueldos del sindicato, según admite en varias reuniones la propia dirección de USOC. La mayor parte del dinero provenía del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), dependiente de la Generalitat, y del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Gil definió el Aula de Formación como “la gallina de los huevos de oro”.
Sanción por una ayuda
Recuero, ya como secretaria general, se negó a seguir adelante con esa manera ilegal de hacer. “Si nos presentamos habría que dedicar el dinero para lo que es y como no es, y nos tenemos que inventar todo y, claro, hay que escribirlo y me toca a mí, pues no quiero hacerlo”, explica en una de las conversaciones intervenidas por la policía. Ya en 2006, USOC fue sancionada por el uso indebido de una subvención, y tuvo que devolver 90.000 euros.
Mossos reprocha que esa manera “opaca” de gestionar las cuentas del sindicato, sin permitir un acceso a los afiliados a las mismas, era “dificultar posibles investigaciones que descubriera como, efectivamente, derivaban importes económicos allá donde en cada momento hiciera falta”, sin que les importase “especialmente” si el destino de las subvenciones era la formación de los afiliados.
“Lo más alarmante de toda esta caótica situación es que gran parte de los afiliados a dicho sindicato deben ser auténticos desconocedores de toda la trama orquestada por los investigados”, señala la policía catalana, lo que provoca “indefensión”. Y concluye: “La habilidad de los autores ha logrado que esta quiebra económica del tercer sindicato más grande de Catalunya haya sido ocultada públicamente, permitiendo a su vez que la comisión de los posibles delitos ya mencionados tenga continuidad a lo largo de muchos años”. La juez ha declarado la causa compleja y ha levantado el secreto de sumario.
USOC es el tercer sindicato de Cataluña por número de afiliados, aunque es el primero en algunos sectores, como la enseñanza concertada.
Tres instalaciones de Girona prohíben el bañador integral en los toboganes por el riesgo de engancharse
Los expertos recuerdan que el veto de la prenda sin motivo de peso vulneraría la libertad religiosa
Cartel en el que se prohíbe el uso del 'burkini' en los toboganes y otras atracciones del parque acuático Aqua Brava de Roses.
MARTES, 16 DE AGOSTO DEL 2016 - 19:57 CEST
En Catalunya no hay una polémica como la que está sacudiendo Francia, pero también hay lugares en los que se veta el ‘burkini’, aunque en este caso no es por razones ideológicas, religiosas o de discriminación. Es más sencillo, se prohíbe su uso en una parte de las instalaciones por motivos de seguridad. Este diario ha localizado al menos tres parques acuáticos de Girona en los que esta prenda de baño está vetada en zonas puntuales del recinto, como los toboganes y atracciones en los que los usuarios se deslizan a gran velocidad.
Fuentes de la dirección de Aqua Brava de Roses (Alt Empordà) han explicado que hace varios años que prohíben esta prenda en las atracciones. En el reglamento interno de su web se menciona explícitamente el nombre de la prenda integral de baño y en sus instalaciones hay colocado un cartel con dos fotos de sendas mujeres en ‘burkini’ y una elocuente cruz de color rojo tachando las imágenes. Un cartel que, por cierto, les facilitó un parque acuático de Marruecos en el que se se prohíbe totalmente la prenda.
"Las usuarias pueden entrar en el parque con ‘burkini’ y bañarse en piscinas que no suponen para ellas ningún peligro, como la de olas o la zona infantil. El problema está en las atracciones y toboganes, porque en ellos es muy fácil que este atuendo pueda engancharseen alguna parte. Hay que recordar que también llevan pañuelos y otras prendas alrededor del cuello”, destacan desde la empresa.
PRENDAS HOLGADAS
Los responsables de Aqua Brava señalan, además, que suelen serprendas holgadas que no van ajustadas al cuerpo, ya que lo que pretenden es ocultar las formas anatómicas. Por su proximidad con Francia, este parque es posiblemente el que recibe más visitantes con ese atuendo en toda Catalunya. Cada temporada suelen tener un centenar de usuarias con ese bañador.
"El catedrático Xavier Arbós advierte de que cualquier prohibición no justificada vulneraría el derecho de libertad religiosa amparado por la Constitución"
Otros parques acuáticos que también vetan el traje de baño integral en las atracciones son el Aquadiver de Platja d’Aro y el Water World de Lloret de Mar, que están regentados por los mismos propietarios. En ambos casos aplican el mismo criterio que el Aqua Brava de Roses, solo que el término ‘burkini’ no aparece explícitamente en su reglamento.
“Los vigilantes no les permiten acceder a los toboganes y a otras atracciones que pueden ser peligrosas, pero se hace lo mismo si el que pretende lanzarse es un hombre que lleva una camisetaholgada”, aseguran desde la dirección.
EL PRECEDENTE DE LLEIDA
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós, cree que si los parques acuáticos pueden acreditar que, efectivamente, es un peligro para las usuarias el uso del ‘burkini’, no hay nada que decir al respecto. “Un argumento de ese peso es el único que puede justificar en la legislación española que se vete esta u otras manifestaciones del sentimiento religioso”. Cualquier otra prohibición, en las playas o en las piscinas, vulneraría el derecho a la libertad religiosa recogido por la Constitución.
La jurisprudencia es clara. Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) dejó sin efecto en el 2013 la ordenanza municipal de Lleida que prohibía el acceso con “velo integral” a los espacios destinados al uso o servicio público. Los magistrados dejaron claro entonces que los ayuntamientos carecen de competencias para regular la libertad religiosa. El consistorio presidido entonces por el socialista Àngel Ros también argumentó que el burka perturbaba la “tranquilidad y la convivencia” en el municipio, pero los jueces dejan claro que "la realidad de esa perturbación carece de una demostración convincente".
Los jueces ponen en evidencia, según Arbós que hay que demostrar la razón por la que se limita la libertad religiosa y que esta debe ser de peso. Y no ve que nadie pueda demostrar que el 'burkini', ya sea en playas o en piscinas, represente ningún perjuicio. “Ni siquiera se puede alegar la cuestión de seguridad ciudadana porque en el 'burkini' la cara está destapada”, recuerda Arbós, que dice con sorna : “Si admite el baño con un neopreno no veo como se puede prohibir el 'burkini'".
El objetivo de la mayoría de estafas por internet es hacerse con los números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito de la víctima.
El francés Ivan Kwiatkowski regresó a casa una tarde y se enteró de que un hacker había intentado estafar a sus padres. Entonces planeó una cuidadosa venganza.
El tipo de fraude en cuestión es bastante común, y se llama "la estafa del soporte técnico".
Los "ciberdelincuentes" hacen creer a su víctima que su computador tiene problemas y entonces le venden programas caros pero que no sirven para nada.
E Iván decidió darles a los estafadores una cucharada de su propia medicina, o para ser más precisos, darles una cuchara de su propio virus.
¿Cómo lo hizo?
El software del miedo
Es muy fácil caer en una "estafa del soporte técnico" porque los hackers se valen del miedo de los usuarios.
Los delincuentes envían correos electrónicos, crean páginas de internet o colocan anuncios falsos que alarman a las potenciales víctimas advirtiéndoles que sus computadores tienen virus.
Este es el mensaje que recibieron los padres de Iván Kwiatkowski. Puedes notar el teléfono de los estafadores.
Estos mensajes, llamados scareware (en inglés software del miedo) aconsejan a los usuarios a buscar soporte técnico urgente a través del teléfono o la dirección de correo electrónico que viene en el anuncio.
"En la mayoría de casos, el objetivo de los estafadores es convencerte de que tu máquina está seriamente infectada para venderte un producto inútil", señaló Ivan Kwiatkowski a la BBC.
"Hackeando" al hacker
Cuando los padres de Iván recibieron una alerta de este tipo, él decidió llamar directamente a los estafadores y fingió que había mordido el anzuelo.
La asistente que le contestó el teléfono intentó alarmarlo aún más con jerga técnica sin sentido para finalmente recomendarle comprar un "paquete de protección" para su computador.
Fue en ese momento que el especialista en seguridad puso en práctica suvenganza.
Una táctica común en las "estafas del soporte técnico", es el de tratar de confundir a las víctimas con lenguaje lleno de términos especializados.
"Le dije a la asistente que sí le compraríamos el paquete, pero que no podía distinguir con claridad los números de mi tarjeta de crédito, así que le mandaría una fotografía", señaló Kwiatkowski.
Hagamos el intento de imaginar la posible emoción de los estafadores cuando la "víctima" les envió un archivo por correo electrónico que supuestamente contenía la imagen de su tarjeta de crédito.
Pero por supuesto, no era una fotografía lo que contenía ese archivo.
Consejos para evitar el scareware
Sospeche de los mensajes en páginas web que le adviertan que su computador está infectado.
Desconfíe de anuncios que se hacen pasar como si fueran alarmas del sistema.
Evite abrir links o archivos adjuntos de direcciones de correo desconocidas.
Pónganse directamente en contacto con el fabricante de su equipo o de su sistema operativo si tiene dudas.
Pago de un rescate
Lo que contenía el archivo que Ivan Kwiatkowski le envió a los estafadores era en realidad un peligroso virus conocido como Locky ransomware.
Y es que, el especialista francés asegura que "no pasa nada", no era una opción.
Venganza efectiva
"Casi siempre respondo los correos electrónicos de los estafadores, pero esta es la primera vez que los he llamado", cuenta Kwiatkowski a la BBC.
"Creo que mucha más gente debería responder sus correos o llamadas y hacerles perder el tiempo. Hay una utilidad en eso, porque si pierden el tiempo su actividad no será tan rentable como para continuar", agrega el especialista.
Aunque pareciera justo vengarse de un hacker usando sus mismas armas, algunos se oponen a estas iniciativas.
Aunque sabe que los estafadores abrieron el virus, Ivan Kwiatkowski señala que no puede estar absolutamente seguro de haber infectado su computador, aunque asegura que es muy probable que lo haya hecho.
"Para que el virus actué debe de cifrar los archivos del computador, y eso toma un poco de tiempo", explica Kwiatkowski.
Luego que compartiera esta experiencia en su blog, una gran cantidad de lectores apoyo el engaño contra los estafadores.
"Hay muchos debates acerca de si es correcto 'hackear' a los hackers, y aunque puede ser muy tentador, considero que siempre hay que estar del lado correcto de la ley", señaló el profesor Alan Woodward de la Universidad de Surrey.
"Pero hacerles perder el tiempo sí creo que está bien", agrega Woodward. "Eso es algo que yo mismo hago".