- La nueva adjudicataria del servicio de seguridad de Madrid Espacios y Congresos ha subrogado a la plantilla de Seguriber.
- En la misma hay cinco imputados por la muerte de cinco adolescentes.
- Ocho imputados por las muertes en el Madrid Arena siguen haciendo labores de seguridad para el Ayuntamiento de Madrid.
Alerta y Control, la empresa de seguridad privada
que se ha hecho con el contrato de seguridad de los pabellones multiusos del
Ayuntamiento de Madrid, no despedirá a los vigilantes imputados en el caso
Madrid Arena, al menos por el momento.
" El artículo 14 de nuestro convenio
colectivo obliga a la subrogación. En principio, no tenemos motivos para
despedirles porque no están procesados ni condenados, solo imputados",
explicó a 20minutos Juan Pedro del Castillo, director general de la compañía.
"No dudo de su profesionalidad y puede que afecte a nuestra imagen, pero
solo nos plantearíamos el despido en caso de que fuesen condenados",
añadió.
En la
plantilla perteneciente a Seguriber —la anterior contrata municipal— que Alerta
y Control se ha visto obligada a subrogar se encuentran Raúl Monteverde, Juan
José París Nalda, José Antonio Díez Romero, Roberto Mateos e Iván Somontes
Santamaría, como adelantó este martes este diario. Todos han tenido que
declarar en sede judicial por su papel durante la noche en la que fallecieron
aplastadas por una avalancha humana las adolescentes.
También han pasado por el juzgado el aún
subdirector de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor; el coordinador de
Seguridad, José Rodríguez Caamaño; y al jefe de Operaciones y Proyectos,
Francisco del Amo. El Ayuntamiento, que alega que no puede tomar medidas contra
los vigilantes porque no pertenecen a su plantilla, no ha despedido a estos
cargos de confianza que cobran de su empresa pública, a pesar de que sí ha
renovado a la cúpula directiva de Madridec dando hasta seis bajas.
Evaluación
Alerta y Control admite que va a evaluar las
competencias y capacidades de los vigilantes imputados, al igual que hará con
los que no lo están. "A partir de ahí, veremos si se ajustan a nuestras
normas internas y a la ley a la hora de hacer su trabajo y si son válidos para
los servicios que han ocupado o hay que destinarles a otros", concluye su
director general.
La normativa vigente para el
sector incluye la excedencia especial en caso de que fuesen inhabilitados
temporalmente para ejercer su función o de que la división de Seguridad Privada
de la Policía Nacional les retirase su permiso para ejercer.
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