El Ayuntamiento de Madrid tiene suscritos contratos con 17 empresas privadas que vigilan edificios municipales. Ultima un plan de ahorro para cambiar vigilantes por agentes
29.02.2016 – 05:00 H.
El objetivo de la
Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencia que dirige Javier Barbero es
ahorrar e intentar no renovar el mayor número de contratos posible y
sustituir la vigilancia privada por los policías municipales más veteranos,
aquellos que tienen 55 años o más y no realizan funciones operativas.
El
proyecto no tiene de momento buena acogida ni entre los sindicatos
policiales ni entre los trabajadores de las empresas privadas, que ven peligrar
sus puestos de trabajo.
La concejalía está realizando un
detallado estudio de todos los contratos de seguridad, heredados por el
"afán privatizador de anteriores equipos municipales del PP", el
coste que suponen, cuándo vencen y si se puede prescindir de ellos
sin mermar la protección de los edificios públicos.
El ayuntamiento que
dirige Manuela Carmena cree que en algunos
casos estos inmuebles pueden ser vigilados solo a través de medios materiales
(alarmas o sistemas de videovigilancia) y en otros se puede sustituir a
los vigilantes privados por agentes municipales. "Hay que buscar la eficiencia
y aprovechar también la experiencia profesional de los policías más
veteranos, que no solo serán destinados a la protección de inmuebles, sino
también al apoyo de unidades especiales", señala un portavoz de la
concejalía, que destaca que no quieren "reducir los niveles de
protección de los edificios públicos".
La plantilla de Policía Municipal tiene
poco más de 1.000 agentes que superan los 55 años
Esta es la empresa que más factura al consistorio, en concreto 8,2
millones de euros. Protección de Patrimonios custodia por
452.000 euros "el edificio sede del Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda". Este contrato vence ahora en marzo. Como el de Sasegur,
que percibe 325.301 euros por proteger "los edificios dependientes del
distrito de Latina".
La empresa Servise se
encarga de la protección de la sede de la Dirección General de Emergencias y
Protección Civil por un coste de 223.000 euros. Su contrato termina en abril de
2017. Sureste Seguridad se ocupa por 461.000 euros de los
inmuebles que dependen de la Agencia Tributaria municipal.
La UTE formada por Sasegur y FBS Seguridad recibe
465.509 euros por vigilar los edificios de la Junta de Distrito de Moratalaz
(el contrato vence en noviembre de 2016). Visegur protege
"los edificios dependientes del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública" por 521.317 (hasta agosto de 2016).
Nuevas cláusulas
sociales
Carmena, en el centro de emergencias del ayuntamiento.
En el caso de Marsegur, ganó
los concursos porque ofreció siempre la oferta más económica, en algunos casos
un 50% más barata que el precio de licitación. Esto se ha traducido en que
muchos de sus vigilantes ganan muy poco, unos 700 euros brutos al mes, como ya
denunció la sección de Seguridad Privada de CCOO. El consistorio gobernado por Ahora Madrid también
es consciente de que muchos de estos
contratos chocan con la nueva política de contrataciónque
quiere instaurar. Antes, el precio suponía el 65% de la puntuación a la hora de
otorgar un contrato. Ya no. El consistorio ha aprobado un decreto que regula
nuevas cláusulas sociales a la hora de valorar una adjudicación, como la
calidad de las condiciones del empleo de las empresas licitantes, la inserción
sociolaboral, políticas de igualdad, medioambientales y la transparencia en la
información que ofrezca la empresa.
El sindicato CPPM no
está de acuerdo en este nuevo proyecto del ayuntamiento. "Hace falta una
plan que establezca qué número de edificios deben ser protegidos y la gente
necesaria. Es verdad que esta protección está entre nuestras funciones, pero
hay hasta 23 actividades policiales que se pueden desempeñar a partir de los 55
años: comunicación de notificaciones, inspección de comercios, enlace de
unidades, mantenimiento de vehículos, trabajo en oficinas, charlas formativas
en colegios, puestos de emisora…", señala su portavoz, Julián Leal. CPPM
lo tiene claro: "Es imposible quitar la vigilancia privada, sobre todo
teniendo en cuenta que la Policía Municipal de Madrid no tiene cubiertas todas
sus necesidades. La plantilla es de 6.200 agentes y tenemos un déficit de
900".
29.02.2016 – 05:00 H.
El Ayuntamiento de Madrid tiene
suscritos contratos de seguridad con 17 empresas privadas que
suponen un coste de 26 millones de euros. Algunos vencen este año, otros en
2017 y los hay que estarán vigentes toda la legislatura.
El objetivo de la
Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencia que dirige Javier Barbero es
ahorrar e intentar no renovar el mayor número de contratos posible y
sustituir la vigilancia privada por los policías municipales más veteranos,
aquellos que tienen 55 años o más y no realizan funciones operativas.
El
proyecto no tiene de momento buena acogida ni entre los sindicatos
policiales ni entre los trabajadores de las empresas privadas, que ven peligrar
sus puestos de trabajo.
La concejalía está realizando un
detallado estudio de todos los contratos de seguridad, heredados por el
"afán privatizador de anteriores equipos municipales del PP", el
coste que suponen, cuándo vencen y si se puede prescindir de ellos
sin mermar la protección de los edificios públicos.
El ayuntamiento que
dirige Manuela Carmena cree que en algunos
casos estos inmuebles pueden ser vigilados solo a través de medios materiales
(alarmas o sistemas de videovigilancia) y en otros se puede sustituir a
los vigilantes privados por agentes municipales. "Hay que buscar la eficiencia
y aprovechar también la experiencia profesional de los policías más
veteranos, que no solo serán destinados a la protección de inmuebles, sino
también al apoyo de unidades especiales", señala un portavoz de la
concejalía, que destaca que no quieren "reducir los niveles de
protección de los edificios públicos".
La plantilla de Policía Municipal tiene
poco más de 1.000 agentes que superan los 55 años
Por ejemplo, la empresa Ilunion
Servicios de Seguridad recibe 2,12 millones de euros por proteger los
"edificios y solares que se encuentran bajo la custodia de la Dirección
General de Patrimonio". Su contrato vence en junio de 2017.Prosegur tiene el
contrato de vigilancia del Palacio de Cibeles (sede
principal del ayuntamiento) por 3,8 millones de euros, que vence en diciembre
de este año.
Esta es la empresa que más factura al consistorio, en concreto 8,2
millones de euros. Protección de Patrimonios custodia por
452.000 euros "el edificio sede del Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda". Este contrato vence ahora en marzo. Como el de Sasegur,
que percibe 325.301 euros por proteger "los edificios dependientes del
distrito de Latina".
La empresa Servise se
encarga de la protección de la sede de la Dirección General de Emergencias y
Protección Civil por un coste de 223.000 euros. Su contrato termina en abril de
2017. Sureste Seguridad se ocupa por 461.000 euros de los
inmuebles que dependen de la Agencia Tributaria municipal.
La UTE formada por Sasegur y FBS Seguridad recibe
465.509 euros por vigilar los edificios de la Junta de Distrito de Moratalaz
(el contrato vence en noviembre de 2016). Visegur protege
"los edificios dependientes del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública" por 521.317 (hasta agosto de 2016).
Nuevas cláusulas
sociales
En el listado de empresas
adjudicatarias, también está Marsegur, que percibe cinco millones
de euros por seis contratos. Es la segunda en volumen de facturación. Protege
los edificios del área de Artes, Deportes y Turismo por un importe de 1,8
millones de euros; los inmuebles del distrito de Moncloa-Aravaca, por un millón
de euros; los centros de Madrid Salud, por 954.048; los
edificios del distrito de Vicálvaro, por 473.394; los edificios de
Coordinación General de la Alcaldía, por 393.366 euros, y la sede de la
subdirección general del Samur-Protección Civil, por 277.697.
Carmena, en el centro de emergencias del ayuntamiento.
En el caso de Marsegur, ganó
los concursos porque ofreció siempre la oferta más económica, en algunos casos
un 50% más barata que el precio de licitación. Esto se ha traducido en que
muchos de sus vigilantes ganan muy poco, unos 700 euros brutos al mes, como ya
denunció la sección de Seguridad Privada de CCOO. El consistorio gobernado por Ahora Madrid también
es consciente de que muchos de estos
contratos chocan con la nueva política de contrataciónque
quiere instaurar. Antes, el precio suponía el 65% de la puntuación a la hora de
otorgar un contrato. Ya no. El consistorio ha aprobado un decreto que regula
nuevas cláusulas sociales a la hora de valorar una adjudicación, como la
calidad de las condiciones del empleo de las empresas licitantes, la inserción
sociolaboral, políticas de igualdad, medioambientales y la transparencia en la
información que ofrezca la empresa.
El sindicato CPPM no
está de acuerdo en este nuevo proyecto del ayuntamiento. "Hace falta una
plan que establezca qué número de edificios deben ser protegidos y la gente
necesaria. Es verdad que esta protección está entre nuestras funciones, pero
hay hasta 23 actividades policiales que se pueden desempeñar a partir de los 55
años: comunicación de notificaciones, inspección de comercios, enlace de
unidades, mantenimiento de vehículos, trabajo en oficinas, charlas formativas
en colegios, puestos de emisora…", señala su portavoz, Julián Leal. CPPM
lo tiene claro: "Es imposible quitar la vigilancia privada, sobre todo
teniendo en cuenta que la Policía Municipal de Madrid no tiene cubiertas todas
sus necesidades. La plantilla es de 6.200 agentes y tenemos un déficit de
900".
Sin
nuevos recambios policiales
Las últimas promociones para incorporar agentes al cuerpo han
sido muy reducidas debido a la situación financiera del consistorio. En 2014,
se convocaron 213 plazas, y en 2015 se redujeron a solo 26. "Para
este año, se habla de 117 cuando prometieron 250", explican desde el
sindicato UPM. Víctor Martínez,
de CSIF, asegura que hay poca información por parte del ayuntamiento en esta
materia. "Necesitamos datos para poder ayudar, hacer cuentas y ver si es
posible el ahorro". Además, CSIF señala que en breve puede surgir un nuevo
problema que dé al traste con el proyecto del ayuntamiento: el adelanto de la jubilación de
los policías locales a los 58 años o a los 60 años, un real
decreto que ya está ultimando el Gobierno en funciones.
"Si bajan la jubilación a
los 60 años, perdemos unos 800 agentes. Ahora nos podemos jubilar a los 65,
pero muchos compañeros lo hacen a los 63. Esto reduciría gran parte de los
efectivos y podría causar graves problemas hasta que se reestructurase el
servicio. Ahora hay entre 1.000 y 1.200
agentes mayores de 55 años", explican desde CPPM. UPM
también es de la misma opinión: "Tal y como está la plantilla y el número
de edificios a proteger, el proyecto de la concejalía es imposible. Con las
carencias operativas del cuerpo, la seguridad privada es ahora más barata.
Además, muchos de los agentes mayores de 55 años no pueden abandonar las
funciones que hacen ahora", concluye Juan Higueras,
de UPM.
Las últimas promociones para incorporar agentes al cuerpo han
sido muy reducidas debido a la situación financiera del consistorio. En 2014,
se convocaron 213 plazas, y en 2015 se redujeron a solo 26. "Para
este año, se habla de 117 cuando prometieron 250", explican desde el
sindicato UPM. Víctor Martínez,
de CSIF, asegura que hay poca información por parte del ayuntamiento en esta
materia. "Necesitamos datos para poder ayudar, hacer cuentas y ver si es
posible el ahorro". Además, CSIF señala que en breve puede surgir un nuevo
problema que dé al traste con el proyecto del ayuntamiento: el adelanto de la jubilación de
los policías locales a los 58 años o a los 60 años, un real
decreto que ya está ultimando el Gobierno en funciones.
"Si bajan la jubilación a
los 60 años, perdemos unos 800 agentes. Ahora nos podemos jubilar a los 65,
pero muchos compañeros lo hacen a los 63. Esto reduciría gran parte de los
efectivos y podría causar graves problemas hasta que se reestructurase el
servicio. Ahora hay entre 1.000 y 1.200
agentes mayores de 55 años", explican desde CPPM. UPM
también es de la misma opinión: "Tal y como está la plantilla y el número
de edificios a proteger, el proyecto de la concejalía es imposible. Con las
carencias operativas del cuerpo, la seguridad privada es ahora más barata.
Además, muchos de los agentes mayores de 55 años no pueden abandonar las
funciones que hacen ahora", concluye Juan Higueras,
de UPM.
La Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical
Obrera ya realizó un estudio
sobre el coste que
conllevaría la sustitución de los 485 vigilantes de seguridad que controlan los
edificios municipales. Su conclusión fue que Carmena tendría que rascarse el
bolsillo hasta conseguir casi el triple del dinero que destina ahora para
cubrir este servicio. Según el cálculo de la USO, basado en los convenios
colectivos de las plantillas, el servicio que actualmente prestan los
vigilantes ronda los 12 millones de euros al año, cifra que resulta de
multiplicar las 800.000 horas que hay contratadas por los 15 euros a
la hora que cobra un profesional privado. La sustitución de los 485 vigilantes que hacen este
servicio requeriría el uso de 670
agentes para
cubrir el mismo cometido.
Este número de policías habría que multiplicarlo, según las
cuentas del sindicato, por 32.774 euros brutos anuales que cobra de media cada
agente, lo que daría como resultado 22 millones de euros. A
esta cifra, además, habría que sumar 5,5 millones, que
es lo que cuesta la seguridad social de todos estos empleados. En total, 27,5 millones de euros anuales,
una cifra en la que no están contabilizados, subrayan desde USO, conceptos como
la uniformidad, los armeros, los ejercicios de tiro, las prejubilaciones o los
seguros. Al ayuntamiento las cuentas le salen de otra manera, ya que los agentes
que se encargarían de los edificios ya están en plantilla y su salario ya está
presupuestado. Además, se podría usar parte de los 26 millones que se pagan en
seguridad privada en reforzar una plantilla municipal muy crítica
ya con el concejal Barbero después de que este eliminara una de
las unidades centrales (los antidisturbios).
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