martes, 8 de marzo de 2016
jueves, 3 de marzo de 2016
Prosegur, en el punto de mira de Hacienda y de Competencia
La presidenta del grupo compra el edificio que la compañía emplea como sede y recibirá un alquiler anual de 0,7 millones durante la próxima década.
Prosegur afronta en España en el presente ejercicio
reclamaciones fiscales por 20 millones de euros y una investigación de la Comisión
Nacional del Mercado de Competencia por presunta práctica irregular.
La compañía ha recurrido ante el Tribunal
Económico Administrativoreclamación de la Agencia Tributaria relacionada
con el Impuesto sobre Sociedades y asegura que estima “una
resolución favorable”. En junio de 2013 se iniciaron actuaciones de inspección
de los ejercicios 2008, 2009, y 2010 por los conceptos de Impuesto sobre
Sociedades, Retenciones a Cuenta del Impuesto de No Residentes y Retenciones a
cuenta del Capital Mobiliario, así como inspecciones parciales sobre
Retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo.
La empresa ha firmado en conformidad actas
relacionadas con algunas de esas retenciones, entre ellas con el Impuesto sobre
Sociedades por 3,5 millones. Y en disconformidad sobre la reclamación de los 20
millones y otra por retenciones del Impuesto sobre la Renta del
Trabajo por 0,55 millones. Prosegur sólo ha provisionado el acta
firmada en disconformidad referida a las retenciones del Impuesto sobre la
Renta del Trabajo, ya que sobre la otra cuestión estima una resolución
favorable. “Los asesores externos de la sociedad estiman que no es probable que
se produzca un quebranto”, apunta la compañía en las cuentas de 2015
depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La presidenta de Prosegur compró la sede de la
compañía en diciembre por 12,7 millones; recibirá 7 millones en diez años por
alquilarla al grupo
Prosegur también advierte en sus últimas cuentas sobre
la existencia de “riesgos fiscales” en Brasil yArgentina por
valor de 54,6 millones; los riesgos de mayor cuantía están asociados al mercado
brasileño por reclamaciones de impuestos municipales y estatales y provisiones
por combinación de negocios.
En el último trimestre de este año previsiblemente la
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMV) comunicará las
conclusiones de una investigación sobre Prosegur iniciada a principios de 2015.
En febrero del pasado año funcionarios del organismo inspeccionaron la sede en
Madrid del grupo de seguridad por “posibles acuerdos para el reparto de
mercado, la fijación de precios, la fijación de condiciones comerciales, así
como cualquier otra conducta que por su naturaleza pudiera contribuir a la
distorsión de la competencia en el mercado de servicios de transporte y
manipulación de fondos en España”.
En abril, la CNMC incoó expediente
sancionador por posibles prácticas restrictivas de la competencia contra
Prosegur y Loomis (la sede de esta otra empresa de seguridad
también fue inspeccionada); desde entonces Competencia dispone de un periodo de
hasta 18 meses para resolver. El organismo considera que existen indicios
racionales de que ambas compañías acordaron reparto de clientes y actividades,
fijación de precios, intercambio de información comercial sensible y otras
condiciones comerciales. Prosegur ha tratado de evitar la entrega de
documentación reclamada por Competencia sobre rutas de transporte y
distribución de fondos, pero el organismo denegó el pasado mes de diciembre la
confidencialidad de esos datos.
La presidenta, casera de Prosegur
De acuerdo a las cuentas de 2015 de Prosegur, el
pasado mes de diciembre la presidenta de la compañía, Helena Revoredo,
adquirió el edificio que el grupo emplea como sede en Madrid, en la calle
Pajaritos, por 12,7 millones de euros. La operación la realizó la
primera accionista de la empresa a través de su sociedad Proactinmo,
a su vez controlada por Gubel. Revoredo cuenta con 309
millones de acciones de Prosegur mediante las sociedades Gubel y Prorevosa, una
participación valorada en 1.421 millones de euros.
Según
las mismas cuentas, ese mismo mes de diciembre Prosegur firmó con Proactinmo
“un contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la calle Pajaritos de
Madrid”, por diez años prorrogables durante un año. La empresa explica que el
gasto anualizado será de 0,7 millones (siete millones de euros en total por
diez años de alquiler).
Fuente: Vozpopuli
Alerta y Control no despedirá a los vigilantes del Madrid Arena salvo que sean condenados
- La nueva adjudicataria del servicio de seguridad de Madrid Espacios y Congresos ha subrogado a la plantilla de Seguriber.
- En la misma hay cinco imputados por la muerte de cinco adolescentes.
- Ocho imputados por las muertes en el Madrid Arena siguen haciendo labores de seguridad para el Ayuntamiento de Madrid.
Alerta y Control, la empresa de seguridad privada
que se ha hecho con el contrato de seguridad de los pabellones multiusos del
Ayuntamiento de Madrid, no despedirá a los vigilantes imputados en el caso
Madrid Arena, al menos por el momento.
" El artículo 14 de nuestro convenio
colectivo obliga a la subrogación. En principio, no tenemos motivos para
despedirles porque no están procesados ni condenados, solo imputados",
explicó a 20minutos Juan Pedro del Castillo, director general de la compañía.
"No dudo de su profesionalidad y puede que afecte a nuestra imagen, pero
solo nos plantearíamos el despido en caso de que fuesen condenados",
añadió.
En la
plantilla perteneciente a Seguriber —la anterior contrata municipal— que Alerta
y Control se ha visto obligada a subrogar se encuentran Raúl Monteverde, Juan
José París Nalda, José Antonio Díez Romero, Roberto Mateos e Iván Somontes
Santamaría, como adelantó este martes este diario. Todos han tenido que
declarar en sede judicial por su papel durante la noche en la que fallecieron
aplastadas por una avalancha humana las adolescentes.
También han pasado por el juzgado el aún
subdirector de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor; el coordinador de
Seguridad, José Rodríguez Caamaño; y al jefe de Operaciones y Proyectos,
Francisco del Amo. El Ayuntamiento, que alega que no puede tomar medidas contra
los vigilantes porque no pertenecen a su plantilla, no ha despedido a estos
cargos de confianza que cobran de su empresa pública, a pesar de que sí ha
renovado a la cúpula directiva de Madridec dando hasta seis bajas.
Evaluación
Alerta y Control admite que va a evaluar las
competencias y capacidades de los vigilantes imputados, al igual que hará con
los que no lo están. "A partir de ahí, veremos si se ajustan a nuestras
normas internas y a la ley a la hora de hacer su trabajo y si son válidos para
los servicios que han ocupado o hay que destinarles a otros", concluye su
director general.
La normativa vigente para el
sector incluye la excedencia especial en caso de que fuesen inhabilitados
temporalmente para ejercer su función o de que la división de Seguridad Privada
de la Policía Nacional les retirase su permiso para ejercer.
La empres que vigila las 71 sedes judiciales no tiene contrato
La firma trabaja desde hace dos meses con “encargo directo con gasto a convalidar”
Madrid 2 MAR 2016 -
09:42 CET
El portavoz de la Comisión de Vigilancia
de la Contratación en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso (Ciudadanos),
escuchó ayer “asombrado” que la empresa privada encargada de la vigilancia y
seguridad de las 71 sedes judiciales adscritas a la Consejería de Presidencia
carece de contrato desde hace dos meses.
Lo desveló la directora general de
Justicia y Seguridad, María Cristina Díaz Márquez, que comparecía ante los
parlamentarios a petición de Ciudadanos para explicar los detalles del nuevo
procedimiento de contratación del servicio de vigilancia, que ya se ha puesto
en marcha. “En un contexto”, indicó Veloso, en el que “los trabajadores quieren
saber cuáles serán sus condiciones laborales, sea cual sea la concesionaria”.
La empresa Alerta y Control, anterior
adjudicataria del contrato de vigilancia del acceso de personas y de la
seguridad de los edificios judiciales, está prestando el servicio mediante un
“encargo directo con gasto a convalidar”, aclaró ayer Díaz Márquez. Esta
fórmula se continuará aplicando hasta la formalización del nuevo contrato,
asegurándose así la continuidad del servicio.
Alerta y Control se hizo con el concurso
público en abril de 2013 por 15 millones de euros en dos años. Cuando finalizó
este plazo, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015.
La consejería intentó modificar el
contrato antes de que venciera su ampliación, debido a “las necesidades
actuales en materia de seguridad de las sedes judiciales”. También pretendía
prorrogarlo, al menos hasta que se volviera a convocar una licitación pública.
Pero se topó con dificultades presupuestarias, administrativas y con la
oposición del contratista.
Veloso no se explica la razón de que se
haya recurrido a esta fórmula, “teniendo en cuenta que es una situación
previsible, porque se conoce desde el principio el plazo de ejecución del
contrato”. El portavoz de la comisión recuerda que se está primando a una
empresa sobre otras. Cada mes cuesta unos 695.000 euros.
En su opinión, se están vulnerando la
Ley de Contratos y la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, “incurriendo en una
posible infracción en materia de gestión económico-presupuestaria”. El Consejo
de Gobierno tendrá que aprobar el importe.
Fuente: El Pais
martes, 1 de marzo de 2016
Carmena hereda 26 millones en contratos de seguridad que quiere sustituir por policías
El Ayuntamiento de Madrid tiene suscritos contratos con 17 empresas privadas que vigilan edificios municipales. Ultima un plan de ahorro para cambiar vigilantes por agentes
Sin
nuevos recambios policiales
La UCO cree que Eulen se llevó 9,5 millones en “contratos ilegales”
El sumario de la ‘Operación Tosca’ asegura que dichos acuerdos se firmaron entre 2004 y 2008 l Los concursos públicos se anularon “con argumentos incomprensibles”.
Esta misma semana se levantó el secreto de sumario de la conocida como ‘Operación Tosca’, una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se centra, entre otras cosas, en analizar la adjudicación de contratos, mayores y menores, a empresas por parte de la Ciudad. Según el primer tomo del informe, que consta de seis y una pieza separada con otros cuatro, la empresa de seguridad privada Eulen se habría llevado, presuntamente, entre 2004 y 2008, un total de 9.656.288,21 de euros en contratos que la UCO considera “completamente ilegales” por haber sido ‘troceados’ para evitar el concurso público.
Otro de los datos que revela dicho documento es que en los años 2006 y 2007 se sacó una licitación abierta para el “Servicio vigilancia de las dependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla” y, finalmente, se canceló aludiendo, presuntamente y siempre según el documento de la UCO, a “argumentaciones incomprensibles”.
Adjudicación del servicio
En 2008, finalmente, el concurso público para otorgar este servicio a una compañía externa se llevó a cabo. Sin embargo, presuntamente y tal y como apunta la investigación de la Policía Judicial, Eulen se volvió a quedar con el servicio previa “reelaboración de pliegos de condiciones técnicas y establecimiento de criterios de valoración o de fórmulas de exclusión arbitrarios, tendentes a favorecer a dicha empresa en el concurso público realizado al efecto, en perjuicio de la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades respecto de las demás empresas”.
Por esta causa se señala a la Consejería de Seguridad Ciudadana y a sus máximos representantes, entre ellos el que se hiciera cargo de este área durante estos años, Ramón Antón, ex consejero, y Gregorio Castillo, aún director general de este área.
Patronato de Turismo y antiguo Hospital de la Cruz Roja
Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga la conocida como ‘Operación Tosca’, que supuestamente llevó a cabo contrataciones irregulares, principalmente con la empresa Eulen de seguridad privada, esta misma compañía se llevó varias adjudicaciones de forma “ilegal”.
En dicho documento, resaltan los servicios de “vigilancia de antiguo Hospital de la Cruz Roja”, la actual sede de la Consejería de Hacienda, unas competencias que dice que Eulen se adjudicó haciendo un “uso fraudulento de la contratación menor directa en el año 2012”.
Por otro lado, hay que reseñar que la UCO también considera que hubo fraude a la hora de dar las competencias a esta empresa en cuanto al “servicio de limpieza, mantenimiento y servicios auxiliares del Patronato de Turismo”, un acuerdo que se cerró en 2012 y detrás del que, supuestamente, habría “numerosos correos electrónicos que permiten presumir la existencia de un concierto previo entre responsables de la empresa que resultó adjudicataria y los encargados de la Administración oferente”.
Prevaricación, revelación de secretos, usos de información privilegiada, fraude y malversación son algunos de los delitos que, presuntamente, se habrían cometido en esta trama que atenta contra las arcas públicas.
Suspensión de la adjudicación de seguridad en 2011
Sobre la adjudicación del “servicio de vigilancia de dependencias municipales de la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2011”, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que investiga el caso enmarcado en la conocida como ‘Operación Tosca’, recoge que, presuntamente, se habría suspendido un concurso público para estas competencias a causa de un recurso presentado por la empresa Eulen “en el que impugnaba, precisamente, el uso de la fórmula o criterio de valoración de la oferta económica similar a la utilizada en el concurso del año 2008, en el que resultó adjudicataria”.
Asimismo, dicho documento se refiere a la contratación que se produjo un año más tarde, en la que pudo haber, presuntamente, un “concierto fraudulento entre los responsables de la Administración y los de la empresa Eulen para conseguir la adjudicación del servicio de la vigilancia de las dependencias municipales de 2012”. Se dio, siempre según la UCO, una “desnaturalización intencionada de la valoración del componente económico de la oferta y el uso de criterios de adjudicación”.
Fuente: El Faro Digital
Vigilantes de seguridad desalojan un tren con Dominicanos armados con machetes.
Al desalojarlos del tren, los dominicanos bajan a vías y lanzan piedras, finalmente huyen de la estación y el grupo de vigilantes vuelve al convoy que escoltaban para seguir su ruta.
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