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José Luis Morcillo elaboró un informe repleto de irregularidades
para una adjudicación que acaba de ser anulada por el Tribunal de Contratación
Pública
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Dirigió una empresa de seguridad privada y Ana Botella lo
destinó a la unidad que decide sobre ese sector cuando regresó a la Policía
Municipal
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Denunció a concejales de PSOE e IU por una protesta siendo jefe
del Cuerpo y ahora preside una asociación de mandos crítica con el Gobierno
municipal
José Luis Morcillo desfila tras el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón
El
equipo de Manuela Carmena ha apartado de sus funciones al mando de la Policía
Municipal José Luis Morcillo, quien fuera máximo responsable del Cuerpo en la
época de alcalde de Alberto Ruiz-Gallardón. Morcillo era en los últimos tiempos
jefe de la División de Seguridad Patrimonial y, como tal, responsable del
informe técnico en el que se basó la adjudicación a una empresa de seguridad
privada que un tribunal administrativo acaba de tumbar.
El
fallo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) ha ordenado
anular la adjudicación a la empresa Segural S.L de la protección y seguridad de
todos los edificios dependientes del distrito madrileño de Chamartín durante un
año, entre el 31 de marzo de 2015 y el 1 de abril de 2016. Por este concepto,
Segural iba a recibir 389.856,96 euros de los fondos públicos.
El
acuerdo del tribunal, fechado el 13 de abril, incluye la "anulación de la
valoración realizada" por el grupo policial de Morcillo y la repetición de
todo el proceso de licitación. El TACP atiende así el recurso de otra empresa,
Eulen, una de las cinco que concurrieron al concurso. El contenido del fallo es
el motivo de la destitución de Morcillo, según trasladaron a eldiario.es
fuentes del Consistorio. Ni el policía, ni la Asociación de Jefes de la Policía
Municipal de Madrid (AJPMM) han querido pronunciarse sobre la
destitución.
José
Luis Morcillo es uno de los cinco subinspectores que hay en la actualidad en la
Policía Municipal de Madrid, un Cuerpo con alrededor de 6.000 agentes. Su
trayectoria se vio interrumpida en 2007, cuando solicitó una excedencia para
convertirse en director general de Falcon, una empresa de seguridad
privada.
En
2014, con Ana Botella en la Alcaldía, regresó a la Policía Municipal y fue
destinado a la División de Seguridad Patrimonial, de la que ahora ha sido
destituido, tras unos primeros meses en el centro de formación de policías y
bomberos del Ayuntamiento. Se trata del grupo que debe, entre otras funciones,
valorar a las firmas del poderoso sector empresarial de la seguridad, donde
también trabaja su mujer.
Entre
un periodo y otro, Morcillo pasó dos años en la Empresa Municipal de
Transportes (EMT), en un cargo que no existía hasta que él llegó, el
Departamento de Seguridad, Salud y Prevención. La UGT se quejó por entonces de
que la EMT se había convertido en un refugio para 70 “enchufados” del PP de Madrid, entre
los que ubicó a José Luis Morcillo.
El
acuerdo del TACP invalida la concesión firmada por el presidente del distrito
de Chamartín, Mauricio Valiente, el 11 de marzo. Fuentes municipales aseguran
que se revisan en la actualidad otros “informes técnicos” que han servido para
realizar adjudicaciones en el ámbito de la seguridad privada, con el objetivo
de que no se repita el caso de Chamartín y la administración local pueda ser la
primera en actuar.
El
fallo del tribunal administrativo es tajante respecto al “informe de
valoración” de la Policía Municipal. Así, concluye que “en todos los criterios
y subapartados no ha sido debidamente justificado y ponderado en su apreciación
de las dos ofertas analizadas".
Incluso viene
a concluir que el informe técnico miente. Por ejemplo, al asegurar que Eulen
“hace una mención casi nula del concepto de riesgo, sin definirlo, ni mencionar
otros conceptos análogos que permitan la mejor comprensión del mismo”. No solo
no es así, sino que Eulen hace una “definición de riesgos, inventario de
riesgos asiduos, divididos según el agente causante, en los que constan,
riesgos derivados de la naturaleza, de origen antisocial y del fuego” y ”además
se especifica en cada uno de los apartados los diferentes tipos de riesgo y sus
variantes”.
El
acuerdo del tribunal se refiere directamente a Morcillo cuando afirma:
"Hemos de suponer que los técnicos que elaboraron el informe, Inspector
Jefe de la División de Seguridad Patrimonial y jefa de Departamento de
Seguridad Privada, no deben necesitar que se les suministren otros conceptos
análogos para comprender el concepto de riesgo en un contrato de
seguridad".
La
discriminación es tan descarada que la empresa adjudicataria obtiene en un
apartado 4 puntos frente a los 0,5 de Eulen, a pesar de que ésta última hace un
análisis de riesgo individualizado de cada uno de los edificios que va a
proteger y Segural, la adjudicataria, se limita a establecer una media.
Además,
el tribunal detecta que se ha penalizado a Eulen por unos conceptos que
"no procedería tener en cuenta en la puntuación" y, sin embargo, se
han obviado otras prestaciones de la empresa que deberían haber mejorado su
puntuación. "Adolece el informe de valoración de falta de motivación
suficiente que acredite la diferencia en las puntuaciones otorgadas a ambas
empresas", añade.
Aupado por Álvarez del Manzano
La
trayectoria de Morcillo al frente de la Policía Municipal estuvo salpicada de
varias polémicas desde el mismo momento en que fue nombrado inspector jefe del
Cuerpo por el entonces alcalde José María Álvarez del Manzano. El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid anuló el 23 de enero de 2003 el nombramiento por
un defecto de forma que fue subsanado más tarde.
Al
frente de la Policía Municipal, Morcillo denunció a tres concejales de la
oposición por desobediencia e incitación a la violencia durante una protesta
contra la tala de árboles para construir la M-30. Los ediles denunciaron la
carga policial y abuso de autoridad. Un juez archivó la causa en 2006.
Uno de esos concejales era Inés Sabanés, en la actualidad concejala delegada de
Movilidad y Medio Ambiente y portavoz adjunta del Consistorio.
Ese
mismo año, un mando de la Policía Municipal cursó la orden de ampliar el número
de agentes antibotellón en las proximidades del domicilio particular de
Ruiz-Gallardón. Ese mando fue destituido a pesar de que la instrucción partió
de José Luis Morcillo, según informó entonces El País.
Los
defensores del subinspector destacan su lucha contra prácticas como el botellón
al frente de la comisaría del distrito Centro de Madrid o su labor de
coordinación en los atentados del 11-M, siendo ya máximo responsable de la
Policía Municipal. Las mismas fuentes aseguran que en sus 36 años de servicio
se ha convertido en una de las dos personas más condecoradas de la institución.
Poco
antes de la victoria de Ahora Madrid en las elecciones de 2015, fue creada la
Asociación de Jefes de la Policía Municipal de Madrid (AJPMM), de la que
Morcillo es presidente. La AJPMM considera que el Plan Director creado por el
equipo de Carmena para acercar la Policía Municipal a los ciudadanos es una
forma de imposición de “un ideario político” que perjudica los intereses de los
agentes.
La
AJPMM ya ha anunciado que llevará a los tribunales al director general del
Cuerpo, Andrés Serrano, por eliminar la permanencia obligatoria en un destino
durante un periodo mínimo. Esta asociación de mandos policiales también ha
amenazado con la justicia ordinaria al delegado de Seguridad, Javier Barbero,
tras el anuncio del Ayuntamiento de crear un comité ético para investigar de
oficio la actuación policial en determinados incidentes y supervisar el
tratamiento de quejas referentes al servicio de este Cuerpo, con el objetivo de
"proteger los derechos humanos".
El
fallo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid es recurrible por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses.
