Partidos y sindicatos piden solución para los vigilantes del hospital

«Me consta que desde el Principado se está haciendo todo lo posible», asegura la alcaldesa, Mariví Monteserín

Los vigilantes de seguridad del hospital San Agustín fueron ayer uno de los protagonistas de la sesión plenaria. Algunos de ellos acudieron  al Ayuntamiento y su complicada situación laboral fue objeto de ruegos y preguntas por parte de varios grupos municipales, tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida y Ciudadanos, pero los trabajadores no encontraron la respuesta que buscaban.

Los grupos instaron a la alcaldesa a que mediase en el conflicto y pidiese tanto al Sespa como a la propia gerencia del área sanitaria que diesen una solución a este problema y también a la escasez de personal en algunos servicios, especialmente en el de Urgencias. «Me he interesado por la situación y me consta que tanto el hospital como el Sespa están trabajando en ello», aseguró la alcaldesa, Mariví Monteserín, que recordó que la competencia sobre estas cuestiones pertenece al Principado y no al Ayuntamiento.

Con respecto a los vigilantes, la regidora aseguró haber trasladado al Gobierno regional «lo difícil que es trabajar sin seguridad», y que le consta que desde la Consejería de Presidencia, responsable de este asunto, «se está haciendo todo lo posible para encontrar una fórmula» que permita una contratación que saque del limbo a los trece empleados del servicio.

La empresa adjudicataria de la seguridad, SEN, se encuentra en concurso de acreedores y no abona las nóminas de sus empleados desde el mes de octubre. El Principado intentó una nueva adjudicación, pero al concurso sólo se presentó una empresa que renunció por encontrarse muchos de los empleados de baja en aquel momento. Los trabajadores avilesinos iniciaron anteayer una huelga indefinida y hoy protagonizarán una concentración en el San Agustín, tras lo que procederán a instalar un campamento en el hospital.

Ayer recibieron el respaldo de la Junta de Personal del Área Sanitaria, que manifestó a través de un comunicado su «apoyo incondicional» a las medidas de presión ejercidas por el colectivo y reclamó una solución «inmediata» para ellos. Esa solución pasaría por «la contratación de una nueva empresa que se haga cargo de un servicio imprescindible para el buen funcionamiento tanto de centros de salud como del propio hospital». La Junta de Personal exige la rescisión del contrato con SEN y la contratación por la vía de urgencia de otra compañía. «La Consejería de Presidencia puede acortar los plazos», aseguraron.