La policía apunta a un entramado de fraude en subvenciones, administración desleal y delito contra los trabajadores que dejó el sindicato en manos de una gestora
Antonia Gil, exsecretaria general de USOC, en una foto de archivo. TEJEDERAS
De una forma sostenida durante 30 o 40 años, USOC, el tercer sindicato de Cataluña con unos 15.000 afiliados, creó una presunta estructura opaca e irregular que acabó con la quiebra de la organización y la dimisión en bloque de la comisión ejecutiva, en 2013, y la constitución de una junta gestora. El sumario del caso Astrea, al que ha tenido acceso a EL PAÍS, señala que la anterior directiva del sindicato, encabezada por Antònia Gil, pudo haber cometido fraude en los 3,2 millones de euros que recibió en subvenciones para formación durante seis años. La policía sospecha que parte de ese dinero se utilizó para pagar sueldos y obtener beneficios a través de contratos de alquiler simulados.
El informe de los Mossos señala como “líder indiscutible” de la trama a Antònia Gil, una dirigente sindical implicada en los movimientos de trabajadores desde la década de 1990. “Llevaba el sindicato con extrema firmeza, llegando a realizar amenazas verbales, contra los que opinaran o actuaran en su contra”, señala el sumario del caso, en el que se investigan a 40 personas.
ASÍ QUEBRÓ LA TERCERA CENTRAL DE CATALUÑA
- La anterior directiva podría haber cometido fraude en los 3,2 millones de euros que recibió en subvenciones.
- La policía sospecha que ese dinero se utilizó para pagar sueldos y complementos salariales por 486.000 euros de forma irregular.
- La entidad gestora que se hizo cargo del sindicato admitió que no se podría enderezar fácilmente una incercia de 30 o 40 años.
Bajo su mandato, la policía describe de manera pormenorizada varias irregularidades que fueron denunciadas por tres trabajadores. Primero, se realizó un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que afectó a 13 personas. La dirección les pidió que acudiesen a sus puestos de trabajo y que se les abonaría la diferencia entre lo que les pagaba el Estado y lo que cobraban en activo. Aquellos que no accedieron, fueron amenazados con ser despedidos. Los mossosconsideran que la cifra defraudada no llega a delito contra la Seguridad Social, pero sí contra los trabajadores.
Complementos salariales
Además, con el objetivo de conseguir votos para seguir dirigiendo el sindicato, los mossos apuntan que durante años el sindicato pagó complementos salariales de forma irregular. En concreto, la cifra asciende 486.000 euros. Esos complementos los cobraban “multitud de personas con la finalidad de garantizar votos en futuras reuniones, consejos y comités”, según afirma la policía catalana en base a diversas intervenciones telefónicas y tras haber realizado un análisis de las cuentas. Esas prácticas son consideradas por los mossos como un delito de administración desleal.
Tal era el desmán económico dentro de la organización de representación de los trabajadores que la entidad gestora que se hizo cargo después, a manos de María Recuero, admitió que no sería fácil ponerle una solución. “Una inercia de 30 o 40 años aquí no se puede arreglar en dos meses”, sostenía un empleado en conversación con Recuero sobre los complementos irregulares.
Los Mossos también investigan a Recuero, que formó parte del equipo de Antònia Gil. Aseguran que es una de las personas que cobró de las subvenciones destinadas al Aula de Formación, “sin que haya rastro tangible de su actividad”. La policía catalana sospecha que los cursos costaban menos de lo que suponía la subvención. Y con ese dinero pagaban al menos cinco sueldos del sindicato, según admite en varias reuniones la propia dirección de USOC. La mayor parte del dinero provenía del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), dependiente de la Generalitat, y del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Gil definió el Aula de Formación como “la gallina de los huevos de oro”.
Sanción por una ayuda
Recuero, ya como secretaria general, se negó a seguir adelante con esa manera ilegal de hacer. “Si nos presentamos habría que dedicar el dinero para lo que es y como no es, y nos tenemos que inventar todo y, claro, hay que escribirlo y me toca a mí, pues no quiero hacerlo”, explica en una de las conversaciones intervenidas por la policía. Ya en 2006, USOC fue sancionada por el uso indebido de una subvención, y tuvo que devolver 90.000 euros.
Mossos reprocha que esa manera “opaca” de gestionar las cuentas del sindicato, sin permitir un acceso a los afiliados a las mismas, era “dificultar posibles investigaciones que descubriera como, efectivamente, derivaban importes económicos allá donde en cada momento hiciera falta”, sin que les importase “especialmente” si el destino de las subvenciones era la formación de los afiliados.
“Lo más alarmante de toda esta caótica situación es que gran parte de los afiliados a dicho sindicato deben ser auténticos desconocedores de toda la trama orquestada por los investigados”, señala la policía catalana, lo que provoca “indefensión”. Y concluye: “La habilidad de los autores ha logrado que esta quiebra económica del tercer sindicato más grande de Catalunya haya sido ocultada públicamente, permitiendo a su vez que la comisión de los posibles delitos ya mencionados tenga continuidad a lo largo de muchos años”. La juez ha declarado la causa compleja y ha levantado el secreto de sumario.
USOC es el tercer sindicato de Cataluña por número de afiliados, aunque es el primero en algunos sectores, como la enseñanza concertada.
