Se busca a 10 fugitivos británicos escondidos en España

Reino Unido pide colaboración para localizar a sospechosos de narcotráfico, asesinato o agresión sexual

Jonathon Kelly, de 36 años y natural de Glasgow, está en busca y captura desde septiembre de 2013. Está condenado a más de 16 años de cárcel que acumula por agresión con lesiones graves, robo, apuñalamiento a un hombre con un machete y posesión de un objeto punzante en la cárcel. Existe una orden de prevención contra él por delitos sexuales y la Agencia Nacional Británica contra el Crimen (NCA) lo considera un sujeto “extremadamente violento” y “un riesgo” para la población. Se sospecha que está escondido en España.

Kelly está en la lista de los 10 fugitivos más buscados en territorio español por Reino Unido, cuyas autoridades han pedido este jueves la colaboración ciudadana para poder localizarlos. Además del escocés, en la nueva edición de la llamada Operación Captura, que cumple 10 años, hay un supuesto asesino, cuatro sospechosos de tráfico de drogas, dos implicados en casos de pederastia y un individuo vinculado a un fraude. A la única mujer del listado, Sarah Panitzke, de 42 años, se la relaciona con un grupo criminal especializado en fraude del IVA y se cree que ha blanqueado un billón de libras esterlinas. Se fugó en mayo de 2014 antes de que terminara el juicio contra ella y fue condenada en rebeldía.

La Operación Captura se ha presentado en Torremolinos, municipio de la Costa del Sol que puede convertirse en refugio de delincuentes, igual que el resto de zonas turísticas de la geografía española. En la provincia de Málaga se dio a conocer esta iniciativa por primera vez en 2006 y, desde entonces, la coordinación de las fuerzas de seguridad británicas y españolas, además de la colaboración ciudadana, ha permitido la detención de 76 de los 86 sujetos buscados. La efectividad es del 88%, porcentaje que se eleva hasta el 90% en el último ejercicio, ya que se ha localizado a nueve de los 10 individuos buscados desde 2015. Esta campaña la impulsa la organización sin ánimo de lucro Crimestoppers.

Los fugitivos, seguramente, han cambiado su identidad y se esconden entre las comunidades de residentes británicos en España. “A veces no hablan español y pueden tener el apoyo de amigos”, ha recordado Steve Reynold, director Internacional de la NCA. Ha lanzado un mensaje, tanto a los ciudadanos españoles como británicos, para pedir su colaboración: “Saben dónde viven, dónde van a comprar, qué bar frecuentan o si van a un gimnasio o a un club”. Ahora ya conocen su cara. Como ayuda, una camioneta con un monitor gigante que muestra los rostros de los 10 fugitivos recorrerá varios puntos turísticos de la geografía española para facilitar su localización. Puerto Banús (Marbella), Fuengirola, Torremolinos, Alicante, Benidorm y Barcelona están en la ruta.

DETENIDO UNO DE LOS FUGITIVOS BRITÁNICOS MÁS BUSCADO

La Policía Nacional ha detenido a uno de los fugitivos más buscados por las autoridades de Reino Unido. El prófugo, que tiene 40 años y es de nacionalidad británica, había fijado su residencia en el municipio alicantino de Alfaz de Pi, lugar en el que ha sido identificado y arrestado, al pesar sobre él una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega).

Al reclamado se le solicita una pena de prisión de 10 años por parte de la justicia británica, en relación a varios delitos contra la Salud Pública.

En las últimas semanas, se ha arrestado también en Barcelona y Alicante a tres prófugos británicos, dos de ellos por abusos sexuales a niños. En la Costa del Sol, el pasado 8 de octubre se detuvo a un traficante huido desde hace 14 años y con una condena de 23 años de cárcel.

Este jueves se ha presentado en Torremolinos (Málaga) la nueva lista actualizada de los criminales más buscados por la justicia británica que podrían encontrarse en España, solicitando la colaboración ciudadana para su localización.

Estos delincuentes se camuflan entre turistas y residentes de su misma nacionalidad. El embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, ha recordado que más de 16 millones de turistas de esta nacional optaron por visitar nuestro país en 2015, cifra que previsiblemente aumentará este año. En su opinión, esta iniciativa que une los esfuerzos de la Agencia Nacional del Crimen y de la Policía y la Guardia Civil solo tiene virtudes. “Seguiremos desarrollando esta colaboración entre los dos países”, ha prometido. 

Entres los más buscados de 2016 hay dos sospechosos de pederastia: Stephen Carruthers, de 43 años, quien supuestamente ha cometido 18 delitos por posesión de fotografías obscenas de menores (en su ordenador se descubrieron 5.322 imágenes y algunas de ellas mostraban supuestos abusos sexuales entre adultos y menores); y Matthew Sammon, de 45 años y un tenue acento londinense, en busca y captura por la Metropolitan Police por poseer, igual que el anterior, fotografías obscenas de menores.

A Shane O’Brien (tiene una marca en la cara y un tatuaje en la espalda: Shannon 15-04-06) se le busca por supuesto asesinato y se ofrece una recompensa de 20.000 libras esterlinas a quien aporte pistas fiables sobre su paradero. Está acusado de haber matado a un hombre que estaba con su novia en un bar. Vinculados a grupos de narcotráfico están Jamie Acourt, de 40 años; Dominic McInally, considerado el cabecilla de una banda que contaba con embolsarse 1,25 millones de libras al mes con el tráfico de estupefacientes; Mark Quinn, de 52 años; y Simon McGuffie (tiene una peculiar cicatriz de cinco centímetros en la mejilla derecha).

El décimo fugitivo que intentan localizar en España las autoridades británicas es Marck Acklom, una especie de casanova que supuestamente engañó a una mujer, a quien le prometió matrimonio, para que le diera 850.000 libras. Acusado de fraude por falsa representación, se esfumó sin dejar rastro.

A quienes aporten pistas que ayuden a la investigación se les “garantiza el anonimato”, ha prometido el responsable de la organización Crimestoppers, Mark Hallas. Gracias a esta campaña, la población puede poner nombre, apellidos y apariencia física a quienes hasta ahora pasaban desapercibidos en España. Diego Pérez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, se ha dirigido a estos fugitivos: “Serán detenidos y puestos a disposición judicial se encuentren donde se encuentren”. Los números de teléfono a los que se puede llamar son 900555111 (España) y 0800555111 (Reino Unido). El contacto también se puede hacer a través de la web www.crimestoppers-uk.org.

“La policía tiene que saber dónde vuela cada dron y por quién está controlado”

ENTREVISTA KOEN DE VOS, RESPONSABLE DE DRONES DE LA COMISIÓN EUROPEA

El mayor experto de la Comisión Europea apuesta por un control exhaustivo de los aparatos que facilite el trabajo de las fuerzas de seguridad

El responsable de drones de la Comisión Europea, Koen de Vos, en Zaragoza. JAIME ORIZ / EXPODRÓNICA / ATLAS

Koen de Vos (Bélgica, 1962) no se prepara los discursos. Se sitúa en el estrado frente a más de 200 personas e improvisa. Lleva más de 14 años trabajando en el departamento de Transportes de la Comisión Europea y sus últimos años, durante los cuales se ha especializado en vehículos no tripulados, le han valido el título del mayor experto en drones de la Unión Europea. Durante su conferencia en Zaragoza —una de las pocas que ha dado en España— se entusiasma hablando de la nueva regulación europea sobre estos aparatos. La que él y su equipo llevan años creando. Y los que quedan, porque "tendrá que ser flexible y adaptarse al futuro". "No será solo una regla, sino un marco de trabajo que nos permita ir incorporando a lo largo del tiempo parches y remiendos para no dejar ningún cabo suelto", explica a EL PAÍS en una entrevista realizada en Expodrónica, una de las mayores ferias de drones de Europa. Es un tema sensible, ya que "la falta de normas de seguridad se ha convertido en el principal problema del sector", asegura. Y también en la principal demanda de un mercado al que la UE va a destinar 430 millones de euros anuales hasta 2020 y que esperan que cree 300.000 puestos de trabajo.

Pregunta. Se muestra convencido de que este desarrollo de drones va a crear un gran número de puestos de trabajos. Pero, ¿tiene también un lado negativo? ¿Cuántos va a eliminar?

Habrá trabajos que serán realizados de una forma más barata y efectiva por un dron. Pero también saldrán otros nuevos

Respuesta. Todas las tecnologías son un desafío. Y, por supuesto, los drones van a sustituir a las personas en determinados trabajos, quizás en los que son más peligrosos. Por ejemplo, podremos hacer muchas más inspecciones en infraestructuras, porque ahora es demasiado peligroso, por ejemplo, mandar a una persona a analizar qué pasa cuando el puente puede estar cayéndose. Habrá trabajos, entonces, que serán realizados de una forma más barata y efectiva por un dron. Pero también aparecerán otros nuevos trabajos (operadores, analistas de datos) y otras oportunidades de negocio.

P. Con esta perspectiva, ¿cuáles cree que han sido los principales obstáculos a los que se ha enfrentado la Unión Europea a la hora de desbloquear el mercado de los drones?

R. La falta de regulación y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el gran impulso que piden las empresas tecnológicas y las dudas que tiene hacia los drones una parte de la población. Eso último está siendo lo más complicado, porque, por un lado,queremos y debemos favorecer a este sector en crecimiento; pero, por otro, también debe ser una transición sencilla, que tranquilice a la población con información y que no desate el miedo a estos aparatos.

P. Y, ¿cómo se está gestionando la necesidad de lograr este equilibrio?

R. Intentando dar información a todas las administraciones, para que estén capacitadas de implementar las reglas: desde las instituciones europeas hasta las comisarías locales. Porque la gente, cuando tenga problemas o dudas, no va a llamar al comisario europeo encargado de aviación, sino a la policía. Y cuando llame un vecino preocupado gritando "¡Ayúdeme, hay un dron volando por encima de mi casa!", la policía tiene que tener un sistema que le dé la información necesaria para decir: "¡Tranquílicese señora, es solo el hijo de su vecino!" o "esto lo vamos a revisar más detenidamente".

Cuando la gente tenga problemas o dudas con los drones, no va a llamar al comisario europeo encargado de aviación, sino a la policía. Y esta tiene que tener toda la información necesaria

P. ¿Y cómo va a ser la policía capaz de saber quién está volando encima del jardín de una casa?

R. Porque la policía tendrá la información exacta de todas las operaciones de vuelos que se están llevando a cabo. Tienen que saber dónde ha estado volando cada dron y quién lo controla. La regulación tiene que dar herramientas a la policía para luchar contra delitos de privacidad.

P. Pero, ahora mismo el sector de los drones crece muy rápido y la regulación se está quedando atrás. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para tenerla?

R. No puedo decir cuándo será exactamente, si en los próximos meses o años, porque la espera será proporcional al crecimiento y densidad del tráfico de drones. Todavía no tenemos tantos como para que la gente empiece a llamar preocupada, pero para cuando eso pase tenemos que ser capaces de proveer información a la policía. 

La regulación será más estricta para las ciudades, porque la policía tiene menos tiempo para intervenir

P. ¿Es esa la parte de la regulación prioritaria en este momento?

R. No, la prioridad es tener todas las partes de la regulación listas al mismo tiempo. Esa es nuestra mayor responsabilidad, porque si hay algún aspecto que se nos olvida, luego podemos tener problemas. ¿Qué pasa con los drones que sobrevuelan los estadios? ¿Qué vamos a hacer con los que protesten porque haya muchísimos drones sobrevolando su jardín? Si no tenemos la información lista vamos a crear malestar e incomodidad entre la gente.

P. ¿Se van a dedicar unas normas exclusivas para los drones que sobrevuelen la ciudad, por haber mayor aglomeración de gente?

R. Necesitamos una regulación proporcional al tráfico que haya y puede ser queen la ciudad haya tantos drones volando que las fuerzas de seguridad quieran saber exactamente por quiénes están manejados, por si tienen que interceptarlos en muy poco tiempo. Así que será una regulación más estricta que la de las operaciones en campo abierto, porque allí la policía puede tener más tiempo para intervenir al haber menos gente. Ese será uno de los cambios de la regulación: centrarla en el tipo de operación que vaya a llevar a cabo el dron, en vez de en el peso, como hasta ahora. 

Los drones son eléctricos, si la regulación permite que hagan repartos de paquetes, podemos descongestionar el tráfico en la carretera

P. Una de las grandes preocupaciones de la nueva regulación es la sostenibilidad: reducir emisiones CO₂. ¿Cuál puede ser el impacto de los drones en este objetivo?

R. El impacto puede venir por varios sitios. Por ejemplo, la mayoría de los drones son eléctricos, si regulamos que puedan hacer pequeños encargos y repartos de paquetes podremos descongestionar mucho el tráfico en la carretera. En otro ámbito: para el riego y la fumigación de los campos. Los drones pueden analizar exactamente que fracción del campo necesita qué cantidad exacta de agua y herbicida. Eso es ya un beneficio medioambiental, porque no se desperdicia nada. Pero, lo más importante es que el dron es solo la plataforma para otras tecnologías, así que tiene cientos de posibilidades.

P. Otro de los objetivos de la estrategia de aviación es reducir costes. ¿Cómo cree que los drones pueden ayudar a esto?

Hay que poner barreras: los drones sospechosos no podrán volar

R. Por ejemplo, con funciones de vigilancia automáticas. La tecnología de los drones está automatizada, es decir, utilizan un sistema inteligente que hace que las máquinas se comuniquen y se detecten para que puedan volar sin que haya choques. Así solo tendríamos que dar el permiso para que empezaran a volar. 

P. Pero, uno de los problemas de estos sistemas tan automáticos es la seguridad. ¿Qué medidas se están preparando en cuanto a ciberseguridad?

R. Es algo importante. Lo primero es que a los drones se les va a aplicar la ciberseguridad que estamos aplicando a todos los sistemas. Además, hay requerimientos especiales como tener el dron identificado, por si tiene que ser intervenido. Por otro lado, también hay que poner barreras: los drones sospechosos no deberían poder volar. Las fuerzas de seguridad deben poder decir: tú no puedes volar.  

Cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena

La Audiencia Provincial de Madrid considera al promotor de la fiesta culpable de cinco homicidios por imprudencia grave

La avaricia de un empresario que vendió más entradas de las que permitía el aforo para una fiesta de Halloween, sumada a una organización precipitada “en la que nada funcionó”, son las causas de la tragedia del Madrid Arena en 2012, en la que murieron aplastadas en una avalancha cinco jóvenes. Así lo dice la sentencia, que ha condenado al promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, a cuatro años de prisión por homicidio imprudente, y a entre dos años y seis meses y tres años de cárcel a otros cinco responsables del evento.

Con el ánimo de “conseguir un mayor beneficio económico”, Miguel Ángel Flores vendió 16.492 entradas para la fiesta de Halloween que se celebró el 1 de noviembre de 2012 en el Madrid Arena, en la Casa de Campo de la capital, un pabellón que tenía un aforo máximo de 10.620 personas; finalmente, llegaron a juntarse dentro del recinto, al menos, 16.605 personas. Esa fue la primera de una serie de imprudencias y acciones y omisiones con las que infringieron los “deberes de cuidado” que acabaron en una avalancha de personas, en la que murieron aplastadas cinco jóvenes de entre 17 y 20 años y otra treintena sufrió heridas.

Bajo esos argumentos, Flores, máximo responsable de Diviertt, la promotora de la fiesta, ha sido condenado por los magistrados de Sección Séptima de laAudiencia Provincial de Madrid a cuatro años de prisión por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 14 de lesiones. La sentencia, conocida hoy, considera que Flores y otros responsables directos de la organización y seguridad del evento “no solo no evitaron riesgos, sino que los crearon y los permitieron”. Los crearon con un montaje que no atendía a las indicaciones aprobadas, por el cierre de vomitorios para proteger las instalaciones utilizadas por la organización y, finalmente, por la apertura de puertas de emergencia para facilitar el acceso a la gran cantidad de jóvenes que se iba agolpando en la entrada a medida que se acercaba la actuación estelar de la noche, del DJ Steve Aoki.

Así, esa “conducta gravemente imprudente” culminó pasadas las tres y media de la madrugada en una aglomeración de personas que intentaban salir de la pista del escenario central, agobiadas por la falta de espacio, pero chocaban con las que trataban de entrar. Un horrible suceso en el que murieron aplastadas esa misma noche Cristina Arce y Katia Esteban, mientras que Rocío Oña, Belén Langdon y Teresa Alonso lo harían en los dos días posteriores.

Pero si la avaricia desencadenó todo, los sonrojantes fallos de los encargados de seguridad en el pabellón, de la organización del evento y la gestión que han quedado en evidencia durante el macrojuicio terminaron de dar forma a la tragedia. Así, el resto de los acusados —responsables de la promotora de la fiesta (Diviertt), de la empresa pública dueña del Madrid Arena (Madridec), de las subcontratadas para las labores de seguridad (Seguriber y Kontrol 34) y el servicio médico, y de la Policía Municipal— han sufrido distinta suerte: aparte de Flores —que ya ha anunciado que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo—, otros seis acusados han sido condenados y otros ocho han sido absueltos.

A tres años de cárcel ha sido condenado el que era responsable de Madridec, Francisco del Amo, y el director general de la firma Diviertt, Santiago Rojo. A Miguel Ángel Morcillo, también de Diviertt, y a Carlos Manzanares, de Kontrol 34, se les impone una pena de dos años, seis meses y un día de prisión

Fotografía publicada en Twitter del momento de la avalancha.

Multas y absoluciones

Los magistrados consideran también que Juan José Paris y Raúl Monterde, coordinadores de la otra empresa que debía cuidar de la seguridad (Seguriber), son responsables en menor grado y les impone una multa de 3.600 euros (10 euros diarios 12 meses). El resto de los acusados en este macrojuicio que arrancó el pasado 12 de enero han sido absueltos.

Las absoluciones alcanzan a los doctores Simón Viñals y a su hijo Carlos. “Pese a entender acreditada su negligente actuación cuando las víctimas fueron llevadas al botiquín para que las asistieran”, dice el fallo, no está probado que si hubieran actuado correctamente podrían haberlas salvado, dado el tiempo que las víctimas estuvieron atrapadas en el vomitorio.

Gráfico realizado, a finales de noviembre de 2012, a partir de las primeras investigaciones del caso. EL PAÍS

La actuación de Simón Viñals, exconcejal de Madrid por el PP y fundador del Samur, de 77 años en el momento de la tragedia, en una “supuesta enfermería” que carecía de materiales básicos, y con un equipo de solo siete personas (incluido él y un auxiliar de enfermería de 81 años), ha sido muy polémica. El propio Viñals admitió haber previsto una asistencia mucho menor, para unas 6.000 personas, y en el caos que siguió a la avalancha, el relato de varios testigos ha puesto en duda la capacidad y preparación de Viñals para atender a las víctimas.

De hecho, esta absolución “es lo más duro; a las familias les va a doler”, ha dicho a Efe Gerardo Viada, abogado de la familia de una de las víctimas, Katia Esteban. Viada añadió que, por lo demás, han sido “las condenas esperadas”.

En ese sentido, el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo Rodríguez, se ha declarado satisfecho con la sentencia. “Hemos conseguido una condena penal y una civil que se acerca mucho a la aspiración de justicia que tenía el ministerio fiscal”. Y ha insistido en la parte civil: “Todas las entidades que se pedían como responsables civiles han sido condenadas [entre ellas, el Ayuntamiento de Madrid] y también las compañías de seguros como responsables de seguros”.

Las familias de las víctimas recibirán indemnizaciones en torno a los 350.000 euros por cada una de las fallecidas y los lesionados también cobrarán en proporción a las lesiones y secuelas que padecieron. La madre de Cristina Arce, Isabel de la Fuente, criticó la sentencia. Dijo que le parecía “un insulto y una falta de respeto a las víctimas”, y aseguró que se reunirá con sus abogados para saber cómo proceder. “El Ayuntamiento se comporta igual que el anterior. En el tema de la licencia [del Madrid Arena] ha pasado. [El edificio] estará más controlado, pero estructuralmente no cumple la normativa”.

Cuatro años después

Termina con este fallo, casi cuatro años después de la tragedia, un juicio que arrancó el pasado 12 de enero y durante el cual se han entremezclado los relatos escalofriantes de los jóvenes que se vieron atrapados en la avalancha —incluido el de una muchacha que escuchó, medio ahogada entre una maraña de piernas, las últimas palabras de sus amigas— con las acusaciones cruzadas, procedentes del hiperpoblado banquillo de los acusados, que trataban de cargarse las culpas entre sí: los abogados de Flores a los dueños municipales del edificio; estos a la empresa Kontrol 34; quién aseguró a su vez que aquella noche solo aportó personal, pero que la seguridad dependía únicamente de Seguriber; los letrados de los sanitarios, por su parte, llegaron a señalar al Samur y a la Delegación del Gobierno en Madrid por dar el visto bueno a la apertura de puertas del pabellón.

Ningún responsable político del Ayuntamiento se ha visto obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. La tragedia, cuya gestión supuso un enorme coste de imagen a Ana Botella (PP), por entonces alcaldesa de Madrid,  le costó el puesto a Pedro Calvo, que dimitió de su cargo de delegado de Economía y portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital tras ser imputado por el juez que empezó a investigar el incidente; aunque, finalmente, no fue acusado de nada.

Los Mossos destapan una presunta estructura opaca en el sindicato USOC

La policía apunta a un entramado de fraude en subvenciones, administración desleal y delito contra los trabajadores que dejó el sindicato en manos de una gestora

Antonia Gil, exsecretaria general de USOC, en una foto de archivo. TEJEDERAS

De una forma sostenida durante 30 o 40 años, USOC, el tercer sindicato de Cataluña con unos 15.000 afiliados, creó una presunta estructura opaca e irregular que acabó con la quiebra de la organización y la dimisión en bloque de la comisión ejecutiva, en 2013, y la constitución de una junta gestora. El sumario del caso Astrea, al que ha tenido acceso a EL PAÍS, señala que la anterior directiva del sindicato, encabezada por Antònia Gil, pudo haber cometido fraude en los 3,2 millones de euros que recibió en subvenciones para formación durante seis años. La policía sospecha que parte de ese dinero se utilizó para pagar sueldos y obtener beneficios a través de contratos de alquiler simulados.

El informe de los Mossos señala como “líder indiscutible” de la trama a Antònia Gil, una dirigente sindical implicada en los movimientos de trabajadores desde la década de 1990. “Llevaba el sindicato con extrema firmeza, llegando a realizar amenazas verbales, contra los que opinaran o actuaran en su contra”, señala el sumario del caso, en el que se investigan a 40 personas.

ASÍ QUEBRÓ LA TERCERA CENTRAL DE CATALUÑA

• La anterior directiva podría haber cometido fraude en los 3,2 millones de euros que recibió en subvenciones.

• La policía sospecha que ese dinero se utilizó para pagar sueldos y complementos salariales por 486.000 euros de forma irregular.

• La entidad gestora que se hizo cargo del sindicato admitió que no se podría enderezar fácilmente una incercia de 30 o 40 años.

Bajo su mandato, la policía describe de manera pormenorizada varias irregularidades que fueron denunciadas por tres trabajadores. Primero, se realizó un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que afectó a 13 personas. La dirección les pidió que acudiesen a sus puestos de trabajo y que se les abonaría la diferencia entre lo que les pagaba el Estado y lo que cobraban en activo. Aquellos que no accedieron, fueron amenazados con ser despedidos. Los mossosconsideran que la cifra defraudada no llega a delito contra la Seguridad Social, pero sí contra los trabajadores.

Complementos salariales

Además, con el objetivo de conseguir votos para seguir dirigiendo el sindicato, los mossos apuntan que durante años el sindicato pagó complementos salariales de forma irregular. En concreto, la cifra asciende 486.000 euros. Esos complementos los cobraban “multitud de personas con la finalidad de garantizar votos en futuras reuniones, consejos y comités”, según afirma la policía catalana en base a diversas intervenciones telefónicas y tras haber realizado un análisis de las cuentas. Esas prácticas son consideradas por los mossos como un delito de administración desleal.

Tal era el desmán económico dentro de la organización de representación de los trabajadores que la entidad gestora que se hizo cargo después, a manos de María Recuero, admitió que no sería fácil ponerle una solución. “Una inercia de 30 o 40 años aquí no se puede arreglar en dos meses”, sostenía un empleado en conversación con Recuero sobre los complementos irregulares.

Los Mossos también investigan a Recuero, que formó parte del equipo de Antònia Gil. Aseguran que es una de las personas que cobró de las subvenciones destinadas al Aula de Formación, “sin que haya rastro tangible de su actividad”. La policía catalana sospecha que los cursos costaban menos de lo que suponía la subvención. Y con ese dinero pagaban al menos cinco sueldos del sindicato, según admite en varias reuniones la propia dirección de USOC. La mayor parte del dinero provenía del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), dependiente de la Generalitat, y del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Gil definió el Aula de Formación como “la gallina de los huevos de oro”.

Sanción por una ayuda

Recuero, ya como secretaria general, se negó a seguir adelante con esa manera ilegal de hacer. “Si nos presentamos habría que dedicar el dinero para lo que es y como no es, y nos tenemos que inventar todo y, claro, hay que escribirlo y me toca a mí, pues no quiero hacerlo”, explica en una de las conversaciones intervenidas por la policía. Ya en 2006, USOC fue sancionada por el uso indebido de una subvención, y tuvo que devolver 90.000 euros.

Mossos reprocha que esa manera “opaca” de gestionar las cuentas del sindicato, sin permitir un acceso a los afiliados a las mismas, era “dificultar posibles investigaciones que descubriera como, efectivamente, derivaban importes económicos allá donde en cada momento hiciera falta”, sin que les importase “especialmente” si el destino de las subvenciones era la formación de los afiliados.

“Lo más alarmante de toda esta caótica situación es que gran parte de los afiliados a dicho sindicato deben ser auténticos desconocedores de toda la trama orquestada por los investigados”, señala la policía catalana, lo que provoca “indefensión”. Y concluye: “La habilidad de los autores ha logrado que esta quiebra económica del tercer sindicato más grande de Catalunya haya sido ocultada públicamente, permitiendo a su vez que la comisión de los posibles delitos ya mencionados tenga continuidad a lo largo de muchos años”. La juez ha declarado la causa compleja y ha levantado el secreto de sumario.

USOC es el tercer sindicato de Cataluña por número de afiliados, aunque es el primero en algunos sectores, como la enseñanza concertada.