miércoles, 5 de octubre de 2016

“La policía tiene que saber dónde vuela cada dron y por quién está controlado”

ENTREVISTA KOEN DE VOS, RESPONSABLE DE DRONES DE LA COMISIÓN EUROPEA

El mayor experto de la Comisión Europea apuesta por un control exhaustivo de los aparatos que facilite el trabajo de las fuerzas de seguridad


El responsable de drones de la Comisión Europea, Koen de Vos, en Zaragoza. JAIME ORIZ / EXPODRÓNICA / ATLAS

Koen de Vos (Bélgica, 1962) no se prepara los discursos. Se sitúa en el estrado frente a más de 200 personas e improvisa. Lleva más de 14 años trabajando en el departamento de Transportes de la Comisión Europea y sus últimos años, durante los cuales se ha especializado en vehículos no tripulados, le han valido el título del mayor experto en drones de la Unión Europea. Durante su conferencia en Zaragoza —una de las pocas que ha dado en España— se entusiasma hablando de la nueva regulación europea sobre estos aparatos. La que él y su equipo llevan años creando. Y los que quedan, porque "tendrá que ser flexible y adaptarse al futuro". "No será solo una regla, sino un marco de trabajo que nos permita ir incorporando a lo largo del tiempo parches y remiendos para no dejar ningún cabo suelto", explica a EL PAÍS en una entrevista realizada en Expodrónica, una de las mayores ferias de drones de Europa. Es un tema sensible, ya que "la falta de normas de seguridad se ha convertido en el principal problema del sector", asegura. Y también en la principal demanda de un mercado al que la UE va a destinar 430 millones de euros anuales hasta 2020 y que esperan que cree 300.000 puestos de trabajo.
Habrá trabajos que serán realizados de una forma más barata y efectiva por un dron. Pero también saldrán otros nuevos

Respuesta. Todas las tecnologías son un desafío. Y, por supuesto, los drones van a sustituir a las personas en determinados trabajos, quizás en los que son más peligrosos. Por ejemplo, podremos hacer muchas más inspecciones en infraestructuras, porque ahora es demasiado peligroso, por ejemplo, mandar a una persona a analizar qué pasa cuando el puente puede estar cayéndose. Habrá trabajos, entonces, que serán realizados de una forma más barata y efectiva por un dron. Pero también aparecerán otros nuevos trabajos (operadores, analistas de datos) y otras oportunidades de negocio.
P. Con esta perspectiva, ¿cuáles cree que han sido los principales obstáculos a los que se ha enfrentado la Unión Europea a la hora de desbloquear el mercado de los drones?
R. La falta de regulación y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el gran impulso que piden las empresas tecnológicas y las dudas que tiene hacia los drones una parte de la población. Eso último está siendo lo más complicado, porque, por un lado,queremos y debemos favorecer a este sector en crecimiento; pero, por otro, también debe ser una transición sencilla, que tranquilice a la población con información y que no desate el miedo a estos aparatos.
P. Y, ¿cómo se está gestionando la necesidad de lograr este equilibrio?
R. Intentando dar información a todas las administraciones, para que estén capacitadas de implementar las reglas: desde las instituciones europeas hasta las comisarías locales. Porque la gente, cuando tenga problemas o dudas, no va a llamar al comisario europeo encargado de aviación, sino a la policía. Y cuando llame un vecino preocupado gritando "¡Ayúdeme, hay un dron volando por encima de mi casa!", la policía tiene que tener un sistema que le dé la información necesaria para decir: "¡Tranquílicese señora, es solo el hijo de su vecino!" o "esto lo vamos a revisar más detenidamente".
Cuando la gente tenga problemas o dudas con los drones, no va a llamar al comisario europeo encargado de aviación, sino a la policía. Y esta tiene que tener toda la información necesaria
P. ¿Y cómo va a ser la policía capaz de saber quién está volando encima del jardín de una casa?
R. Porque la policía tendrá la información exacta de todas las operaciones de vuelos que se están llevando a cabo. Tienen que saber dónde ha estado volando cada dron y quién lo controla. La regulación tiene que dar herramientas a la policía para luchar contra delitos de privacidad.
P. Pero, ahora mismo el sector de los drones crece muy rápido y la regulación se está quedando atrás. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para tenerla?
R. No puedo decir cuándo será exactamente, si en los próximos meses o años, porque la espera será proporcional al crecimiento y densidad del tráfico de drones. Todavía no tenemos tantos como para que la gente empiece a llamar preocupada, pero para cuando eso pase tenemos que ser capaces de proveer información a la policía. 
La regulación será más estricta para las ciudades, porque la policía tiene menos tiempo para intervenir
P. ¿Es esa la parte de la regulación prioritaria en este momento?
R. No, la prioridad es tener todas las partes de la regulación listas al mismo tiempo. Esa es nuestra mayor responsabilidad, porque si hay algún aspecto que se nos olvida, luego podemos tener problemas. ¿Qué pasa con los drones que sobrevuelan los estadios? ¿Qué vamos a hacer con los que protesten porque haya muchísimos drones sobrevolando su jardín? Si no tenemos la información lista vamos a crear malestar e incomodidad entre la gente.
P. ¿Se van a dedicar unas normas exclusivas para los drones que sobrevuelen la ciudad, por haber mayor aglomeración de gente?
R. Necesitamos una regulación proporcional al tráfico que haya y puede ser queen la ciudad haya tantos drones volando que las fuerzas de seguridad quieran saber exactamente por quiénes están manejados, por si tienen que interceptarlos en muy poco tiempo. Así que será una regulación más estricta que la de las operaciones en campo abierto, porque allí la policía puede tener más tiempo para intervenir al haber menos gente. Ese será uno de los cambios de la regulación: centrarla en el tipo de operación que vaya a llevar a cabo el dron, en vez de en el peso, como hasta ahora. 
Los drones son eléctricos, si la regulación permite que hagan repartos de paquetes, podemos descongestionar el tráfico en la carretera
P. Una de las grandes preocupaciones de la nueva regulación es la sostenibilidad: reducir emisiones CO2. ¿Cuál puede ser el impacto de los drones en este objetivo?
R. El impacto puede venir por varios sitios. Por ejemplo, la mayoría de los drones son eléctricos, si regulamos que puedan hacer pequeños encargos y repartos de paquetes podremos descongestionar mucho el tráfico en la carretera. En otro ámbito: para el riego y la fumigación de los campos. Los drones pueden analizar exactamente que fracción del campo necesita qué cantidad exacta de agua y herbicida. Eso es ya un beneficio medioambiental, porque no se desperdicia nada. Pero, lo más importante es que el dron es solo la plataforma para otras tecnologías, así que tiene cientos de posibilidades.
P. Otro de los objetivos de la estrategia de aviación es reducir costes. ¿Cómo cree que los drones pueden ayudar a esto?
Hay que poner barreras: los drones sospechosos no podrán volar
R. Por ejemplo, con funciones de vigilancia automáticas. La tecnología de los drones está automatizada, es decir, utilizan un sistema inteligente que hace que las máquinas se comuniquen y se detecten para que puedan volar sin que haya choques. Así solo tendríamos que dar el permiso para que empezaran a volar. 
P. Pero, uno de los problemas de estos sistemas tan automáticos es la seguridad. ¿Qué medidas se están preparando en cuanto a ciberseguridad?
R. Es algo importante. Lo primero es que a los drones se les va a aplicar la ciberseguridad que estamos aplicando a todos los sistemas. Además, hay requerimientos especiales como tener el dron identificado, por si tiene que ser intervenido. Por otro lado, también hay que poner barreras: los drones sospechosos no deberían poder volar. Las fuerzas de seguridad deben poder decir: tú no puedes volar.  



350.000.000 €: el botín de película de los 'Panteras Rosas'

En 17 años, llevan 400 golpes en 35 países. Son educados, políglotas... y serbios en su mayoría
Cinco han sido detenidos tras llevarse 400.000 € en 48 segundos. Les presentamos a la mejor banda de atracadores de joyas de la historia

De blanco impoluto y coronada la cabeza por unos sombreros color arena, dos jóvenes altos y atléticos caminan por una de las mejores calles de Barcelona. Parecen dos turistas millonarios de los que se alojan en un hotel de lujo y se paran en algunas joyerías para comprarse un buen reloj. Pero lo que en realidad están haciendo es calcular distancias, trazar puntos de vigilancia y, sin descanso, observar si los siguen. Cuando miran los escaparates no se fijan en el maniquí, sino en el reflejo del cristal: ¿hay alguien con los ojos fijos en sus espaldas? 

Los dos pretendidos turistas son profesionales, pero no se dan cuenta de que llevan tres días siendo observados. Treinta agentes coordinados por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacionalvestidos de paisano les siguen los pasos. Y los detendrán a la mañana siguiente, este pasado 5 de agosto, cuando en el Paseo de Gracia tenga lugar un atraco millonario (400.000 euros en anillos) y veloz (48 segundos) a una de las joyerías más caras de la ciudad.

Es su último error y el más exitoso golpe contra los Pink Panthers, los Panteras Rosas: una organización criminal de película que en los últimos 17 años ha robado más de 350 millones de euros en joyas y relojes. 400 atracos en 35 países, siempre con un sello muy característico: tardan menos de tres o cuatro minutos y, aunque van fuertemente armados (a veces usan pistolas simuladas), intimidan pero nunca disparan. Son educados, políglotas, altos y a menudo atractivos..., y la Interpol no tiene duda: forman la mejor banda de atracadores de joyas de la historia.

Su sistema es casi infalible. En Barcelona replicaron un estilo que los ha hecho famosos desde Japón hasta Suiza. Aunque donde son estrellas, héroes, es en su tierra. La mayoría procede deSerbia, aunque también los hay montenegrinos. En la Yugoslavia de los años 90 -guerra, bombardeos de la OTAN y sanciones de la ONU- el país se desintegra. A un lado queda la rica Europa; al otro, la oscura Rusia. La leyenda extraoficial dice que los criminales más temidos por los joyeros nacen allí, entrelos Tigres de Arkán, paramilitares sanguinarios que en la mísera posguerra reciben pasaportes del Gobierno para viajar a Europa y conseguir dinero....

lunes, 3 de octubre de 2016

Expertos en seguridad debaten sobre ciberinteligencia y terrorismo yihadista

Una quincena de expertos en seguridad y defensa debatirán y aportarán claves a lo largo de este mes sobre la ciberinteligencia y la lucha contra el terrorismo yihadista en unas jornadas organizadas por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Se trata de la segunda edición de las jornadas de Seguridad y Defensa, que tendrán lugar del 4 al 27 de octubre en la Facultad de Ciencias de la Empresa y que serán inauguradas por la comisaria de Policía Nacional María Jesús Cantos, que abordará el tema de los retos de la seguridad en el siglo XXI.
El mismo día intervendrá también en el congreso el capitán de fragata Esteban Bienert, que hablará sobre la vulnerabilidad del espacio marítimo, y el coronel de Infantería de Marina Alfredo González, que tratará el tema de la fuerza de protección de la Armada y su contribución a la seguridad nacional.
El programa continuará el 5 de octubre con una charla sobre la evolución del Daesh y la innovación militar aplicada a la lucha antiterrorista a cargo del especialista de la Universidad de Granada y experto en terrorismo internacional Javier Jordán.
El 11 de octubre el psicólogo y director del Área de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid Luis de la Corte hará un monográfico sobre la amenaza del yihadismo global, su estado y los desafíos para el futuro y dos días más tarde representantes del Centro Criptológico Nacional hablarán sobre el ciberespionaje y los denominados "hacktivismo" y "ciberyihadismo".
El politólogo de la Universidad de Alicante José Sanmartín dará una charla el 19 de octubre sobre la contrainteligencia como técnica preventiva y los lobos solitarios y la figura del terrorismo transversal.
El 25 de octubre, el director del máster en Análisis de Evidencias Digitales y Lucha contra el Cibercrimen de la Universidad Autónoma de Madrid, Álvaro Ortigosa, disertará sobre la evolución de las ciberamenazas.
El comisario de Policía Nacional Esteban Gándara y el doctor en Derecho Francisco Muñoz abordarán las contribuciones de la seguridad privada a la seguridad nacional el 26 de octubre, jornada en la que el comisario de Policía Nacional Ignacio del Olmo hablará también sobre la amenaza de los flujos migratorios para la seguridad.
Un día más tarde, el director de la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Esteve abordará el uso de la economía en la lucha antiterrorista y el uso de las organizaciones terroristas como empresas, poniendo el Daesh como ejemplo.
Las jornadas se clausurarán el 31 de octubre con una charla a cargo de la criminóloga de la Universidad de Castilla-La Mancha y ex presidenta de la Sociedad Española de Investigación Criminológica Andrea Giménez-Salinas sobre las similitudes y diferencias entre la financiación del terrorismo y la del crimen organizado, y otra sobre los riesgos y amenazas para la seguridad en España a cargo del general de brigada Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
El acceso a las jornadas es libre y gratuito y los estudiantes de la UPCT y de la UMU que se inscriban y asistan a todo el ciclo podrán obtener un crédito ECTS.

La seguridad de Madrid Salud pasa de una empresa a otra del mismo dueño pero con rebajas de sueldo


Los guardias jurado de Marsegur verán reducido su salario en más de un 30% al entrar en la plantilla de Sinergias de Vigilancia


Los agentes de seguridad que trabajan en Marsegur Seguridad Privada en Madrid Salud, que es un órgano dependiente del Ayuntamiento de Madrid, pasaran a formar parte de la plantilla de Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Se trata de dos empresas distintas; sin embargo, el dueño es el mismo.


El Confidencial Autonómico ha podido saber que los agentes de seguridad que trabajan en Marsegur Seguridad Privada en Madrid Salud, que es un órgano dependiente del Ayuntamiento de Madrid, pasaran a formar parte de la plantilla de Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

Esto provocará una bajada de los sueldos de estos trabajadores de 789 euros a 690 euros. Ambos salarios por debajo del establecido en el convenio nacional de 1.122 euros mensuales.

Una cesión entre empresas del mismo dueño

El Ayuntamiento de Madrid ha renovado a la empresa de seguridad Mansegur Seguridad Privado, que se encargaba de la vigilancia del Área de Gobierno del Organismo Autónomo Madrid Salud, el contrato que tenían en vigor desde hace dos años.

Una vez producida la prórroga del contrato, esta misma empresa ha decido ceder el servicio a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, una compañía que pertenece al mismo dueño. ECA ha tenido acceso al documento que oficializa esta cesión:


Vigilantes de seguridad por 600 euros

Las dos compañías pertenecientes al empresario Miguel Ángel Ramírez Álonso pagan a sus trabajadores un salario menor que el estipulado en el convenio nacional.
La diferencia que notaran los trabajadores de pasar de una empresa a otra será una reducción de su sueldo. El año pasado cuando trabajaban para Marsegur cobraban 789 euros, este año recibirán un salario de 690 euros mensuales.


Cae la mujer del 'capo' de Esabe tras 4 años huida y la jueza la libera: no ve riesgo de fuga


García de la Torre y su marido estaban en busca y captura desde hace casi cuatro años

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves en La Línea de la Concepción (Cádiz) a Pilar García de la Torre, en busca y captura desde diciembre de 2012, cuando el Juzgado número 37 de Madrid ordenó su detención y la de su marido, Juan José Prados, propietario del grupo de seguridad Esabe. El matrimonio huyó de España un día antes de que la Policía pusiera en marcha la operación que llevó a la detención de una decena de personas de la cúpula directiva de la mercantil y al desmantelamiento de la sociedad.

Durante estos últimos casi cuatro años, la Policía ha buscado a Prados y a su mujer por donde ha podido, pero siempre con la limitación de la paralización del proceso judicial en el mencionado Juzgado 37 de Madrid, que aún hoy no ha podido siquiera escanear los cientos de miles de folios de que consta la causa, a pesar de haber reclamado medios para hacerlo a la administración de justicia. Tras la detención de García de la Torre ayer, el juzgado de guardia de La Línea contactó con el 37 de Madrid, que instruye la investigación.

Este último remitió un cuestionario al juzgado de La Línea para que contestara García de la Torre y esta lo rellenó en el momento. Tras enviar las respuestas a Madrid, la titular del 37, Purificación Elisa Romero Paredes, ordenó la puesta en libertad de la detenida. Fuentes policiales explican que desde 2012 no se ha localizado a la mujer porque no se encontraba en su domicilio habitual ni se conocía dónde estaba.

Casi cuatro años después de que la Policía detuviera a la cúpula de la empresa de seguridad Esabe en 2012, las pesquisas judiciales apenas han avanzado. Las dos furgonetas llenas hasta arriba de documentación que los investigadores recopilaron en las oficinas y domicilios de los imputados, entre los que se encontraba el presidente de la sociedad, Prados, y su mujer, García de la Torre, siguen cogiendo polvo en los juzgados de plaza de Castilla (Madrid). 



La magistrada que instruye la causa se ha quejado en repetidas ocasiones de la falta de medios materiales que tiene el juzgado para escanear los 250.000 folios que componen el procedimiento, almacenado en más de medio centenar de cajas. Tras las reiteradas protestas de la titular del juzgado, por fin la Administración puso a su disposición un escáner. Sin embargo, aún hoy no han sido digitalizados los miles de folios que componen la causa.

Prados continúa en paradero desconocido desde que se fugó de su domicilio pocos días antes de que la Policía pusiera en marcha la operación que llevó a la detención de toda la cúpula directiva de Esabe en diciembre de 2012. A pesar de estar en busca y captura, curiosamente Prados tiene una representación legal. Su abogado se persona en los juzgados con toda normalidad y ejerce la defensa del imputado sin que nadie le pregunte dónde está su cliente.

Es la misma paradoja que ha rodeado a la reciente detención de su esposa. Tras ser puesta en libertad por el juzgado de guardia de La Línea, la mujer cruzó la verja y pasó a Gibraltar, donde fuentes de la investigación aseguran que tenía amarrado su yate Prados. El desaparecido podría estar viviendo con García de la Torre en el barco y yendo de puerto en puerto. Las mismas fuentes echan de menos que el Juzgado 37 de Madrid hubiera remitido una comisión rogatoria al Reino Unido para reclamar la detención del imputado.

La cúpula de Esabe fue detenida en diciembre de 2012 por los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, delitos contra la Seguridad Social y contra los trabajadores y falsedad documental. La operación conllevó la imputación de una docena de personas, de las que la Policía únicamente pudo detener a 10, ya que ni el propietario ni su mujer se encontraban en su domicilio el día de las detenciones. Ambos habían huido casualmente pocas horas antes. 

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Fernández Díaz riega de medallas pensionadas la jubilación de su cúpula policial

El comisario general que ha fichado por Prosegur y el de Extranjería, también jubilado, son condecorados con una medalla al valor que lleva asignación 
El jefe superior en Cataluña hasta julio de 2015 recibe igualmente la Medalla Roja con motivo del patrón de la Policía y su retirada

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Los miembros de la cúpula policial de Jorge Fernández Díaz que se han jubilado en las últimas semanas están recibiendo una gratificación en forma de medallas acompañadas de un importante complemento retributivo que conservarán el resto de su vida. Los últimos dos agraciados son el comisario general de Extranjería, Emilio Baos; y el jefe de la Policía Judicial, incluida la UDEF, José Santiago Sánchez Aparicio.
Ambos integran un amplio listado de condecorados con motivo de la próxima celebración del patrón de la Policía. Como ocurre todos los años, con este y gobiernos anteriores, en ese listado se mezclan policías que han puesto en riesgo su vida o que han protagonizado relevantes servicios con otros que cobran lealtades, personales y políticas, o a los que se premia por una suerte de inercia del cargo de libre designación que han ostentado.  
Los dos comisarios principales citados han cumplido 65 años en las últimas semanas y han pasado a situación de retiro después de haber integrado el núcleo duro de los mandos elegidos por el PP para dirigir la Policía desde 2012. 
Sánchez Aparicio ha pasado de estar liberado en el Sindicato Profesional de Policía (SPP), uno de los más activos contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a integrar la cúpula del Cuerpo con la victoria del PP. Hace tres años se le encomendó dirigir la Comisaría General de Policía Judicial, tras la tercera destitución en ese puesto desde que el partido de Rajoy alcanzar la victoria electoral.  Su inmediato antecesor cayó por no frenar los informes de la UDEF sobre dirigentes del PP en el caso Gürtel.
La misma UDEF que dependía de Sánchez Aparicio recibió el encargo de ‘blanquear’ el informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que el Tribunal Supremo despreció. Al comisario general se le encomendó, dos semanas antes de jubilarse, liderar una presunta investigación sobre las grabaciones al ministro en su propio despacho en las que Jorge Fernández Díaz conspiraba contra políticos de la oposición.
Inmediatamente después de jubilarse, Sánchez Aparicio se ha incorporado al gigante de la seguridad privada Prosegur como director de Relaciones Institucionales, desde donde podrá engrasar el vínculo entre la compañía, importante adjudicataria de la Administración, y ésta última.

El sindicato de mandos, contra todos menos el PP

Tanto Emilio Baos como Sánchez Aparicio pertenecen al SPP, el sindicato que nutre la cúpula policial del Cuerpo cuando el PP gobierna y que este martes hizo pública una nota en la que critica a todos los partidos de la oposición por apoyar una comisión de investigación sobre la “policía política”.
El sindicato de los mandos llama a los partidos “desagradecidos”, al tiempo que equipara criticar la utilización partidista de la Policía por parte del Gobierno con “ensuciar el nombre de un conjunto de profesionales que se dejan la vida a diario por todos los españoles”. “Somos policía patriótica, pero no en el sentido bolivariano que pueda utilizarse en Venezuela sino en el de que nos debemos a la Constitución”, añade el escrito.
En las condecoraciones de este año, la abogada que representa al sindicato, María Ponte, ha sido distinguida con una medalla blanca, no remunerada, por la Dirección General de la Policía. Esta letrada firma los escritos de defensa de algunos mandos señalados por la comisión judicial que investiga una grabación ilegal a otros policías y mandos del CNI en una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás, entre ellos el ex número dos de la Policía Eugenio Pino. También es autora de las exigencias de rectificación y otros demandas a medios de comunicación en representación de los mandos afiliados del SPP.

Las maniobras en Cataluña y contra Podemos

Pino, el artífice de las maniobras policiales contra la oposición, ya fueran contra los independentistas catalanes o Podemos, fue despedido el pasado mes de junio por su jubilación con una Medalla de Plata, que va acompañada con un complemento del 15% mensual. La medalla roja para Baos y Sánchez Aparicio siempre supone un incremento del 10%. Es la misma que recibió el comisario José Manuel Villarejo por su participación en la Operación Cataluña.
Precisamente, el jefe de la Policía en Cataluña desde la llegada del PP en 2012 y hasta el verano de 2015, Agustín Castro, también es condecorado ahora con la Medalla al Mérito con Distintivo Rojo. Castro también deja la Policía por haber cumplido 65 años. 
El sindicato SPP ejerce la acusación popular contra Artur Mas por la consulta del 9-N. Precisamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, es uno del medio centenar de miembros de la Judicatura y la Fiscalía que reciben una condecoración no pensionada con motivo del patrón de la Policía. Uno de los magistrados del TSJM envió recientemente al banquillo a Mas por la citada causa. 
Llama la atención en la lista de este año la cantidad de colaboradores del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que han sido reconocidos con medallas. Uno de ellos, el inspector jefe David Teatino Gómez, condecorado con la del Mérito Policial con Distintivo Rojo, a pesar de realizar labores de despacho.
La Ley 5/1964 establece como requisitos para la concesión de la roja haber resultado herido en acto de servicio, participar en al menos tres servicios en los que ha corrido peligro la vida del policía por el uso de armas, haberla puesto en peligro durante “un hecho abnegado” o en riesgo a través de una conducta de “especial trascendencia”.
Otros reconocidos con la medalla roja son el comisario al frente de la seguridad del Senado, Carlos Torres; quien también se jubila; el jefe del Area de Catálogo de Puestos de Trabajo, Francisco Arenas; o José Luis Prudencio, de la Subdirección General de Recursos Humanos.
Otros dos colaboradores de Francisco Martínez - aspirante a suceder a Fernández Díaz en la cartera de Interior- han sido condecorados con la Medalla Blanca. Se trata de su director de gabinete, Jorge Sanchís; y de otro miembro de ese equipo, Pía Aracama, jefa de área. El comisario general de Información, Enrique Barón, responsable de la lucha antiterrorista, ha sido condecorado con una medalla roja.

Cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena

La Audiencia Provincial de Madrid considera al promotor de la fiesta culpable de cinco homicidios por imprudencia grave


La avaricia de un empresario que vendió más entradas de las que permitía el aforo para una fiesta de Halloween, sumada a una organización precipitada “en la que nada funcionó”, son las causas de la tragedia del Madrid Arena en 2012, en la que murieron aplastadas en una avalancha cinco jóvenes. Así lo dice la sentencia, que ha condenado al promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, a cuatro años de prisión por homicidio imprudente, y a entre dos años y seis meses y tres años de cárcel a otros cinco responsables del evento.


Con el ánimo de “conseguir un mayor beneficio económico”, Miguel Ángel Flores vendió 16.492 entradas para la fiesta de Halloween que se celebró el 1 de noviembre de 2012 en el Madrid Arena, en la Casa de Campo de la capital, un pabellón que tenía un aforo máximo de 10.620 personas; finalmente, llegaron a juntarse dentro del recinto, al menos, 16.605 personas. Esa fue la primera de una serie de imprudencias y acciones y omisiones con las que infringieron los “deberes de cuidado” que acabaron en una avalancha de personas, en la que murieron aplastadas cinco jóvenes de entre 17 y 20 años y otra treintena sufrió heridas.
Bajo esos argumentos, Flores, máximo responsable de Diviertt, la promotora de la fiesta, ha sido condenado por los magistrados de Sección Séptima de laAudiencia Provincial de Madrid a cuatro años de prisión por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 14 de lesiones. La sentencia, conocida hoy, considera que Flores y otros responsables directos de la organización y seguridad del evento “no solo no evitaron riesgos, sino que los crearon y los permitieron”. Los crearon con un montaje que no atendía a las indicaciones aprobadas, por el cierre de vomitorios para proteger las instalaciones utilizadas por la organización y, finalmente, por la apertura de puertas de emergencia para facilitar el acceso a la gran cantidad de jóvenes que se iba agolpando en la entrada a medida que se acercaba la actuación estelar de la noche, del DJ Steve Aoki.
Así, esa “conducta gravemente imprudente” culminó pasadas las tres y media de la madrugada en una aglomeración de personas que intentaban salir de la pista del escenario central, agobiadas por la falta de espacio, pero chocaban con las que trataban de entrar. Un horrible suceso en el que murieron aplastadas esa misma noche Cristina Arce y Katia Esteban, mientras que Rocío Oña, Belén Langdon y Teresa Alonso lo harían en los dos días posteriores.
Pero si la avaricia desencadenó todo, los sonrojantes fallos de los encargados de seguridad en el pabellón, de la organización del evento y la gestión que han quedado en evidencia durante el macrojuicio terminaron de dar forma a la tragedia. Así, el resto de los acusados —responsables de la promotora de la fiesta (Diviertt), de la empresa pública dueña del Madrid Arena (Madridec), de las subcontratadas para las labores de seguridad (Seguriber y Kontrol 34) y el servicio médico, y de la Policía Municipal— han sufrido distinta suerte: aparte de Flores —que ya ha anunciado que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo—, otros seis acusados han sido condenados y otros ocho han sido absueltos.
A tres años de cárcel ha sido condenado el que era responsable de Madridec, Francisco del Amo, y el director general de la firma Diviertt, Santiago Rojo. A Miguel Ángel Morcillo, también de Diviertt, y a Carlos Manzanares, de Kontrol 34, se les impone una pena de dos años, seis meses y un día de prisión
Fotografía publicada en Twitter del momento de la avalancha.

Multas y absoluciones

Los magistrados consideran también que Juan José Paris y Raúl Monterde, coordinadores de la otra empresa que debía cuidar de la seguridad (Seguriber), son responsables en menor grado y les impone una multa de 3.600 euros (10 euros diarios 12 meses). El resto de los acusados en este macrojuicio que arrancó el pasado 12 de enero han sido absueltos.
Las absoluciones alcanzan a los doctores Simón Viñals y a su hijo Carlos. “Pese a entender acreditada su negligente actuación cuando las víctimas fueron llevadas al botiquín para que las asistieran”, dice el fallo, no está probado que si hubieran actuado correctamente podrían haberlas salvado, dado el tiempo que las víctimas estuvieron atrapadas en el vomitorio.


Gráfico realizado, a finales de noviembre de 2012, a partir de las primeras investigaciones del caso. EL PAÍS


La actuación de Simón Viñals, exconcejal de Madrid por el PP y fundador del Samur, de 77 años en el momento de la tragedia, en una “supuesta enfermería” que carecía de materiales básicos, y con un equipo de solo siete personas (incluido él y un auxiliar de enfermería de 81 años), ha sido muy polémica. El propio Viñals admitió haber previsto una asistencia mucho menor, para unas 6.000 personas, y en el caos que siguió a la avalancha, el relato de varios testigos ha puesto en duda la capacidad y preparación de Viñals para atender a las víctimas.
De hecho, esta absolución “es lo más duro; a las familias les va a doler”, ha dicho a Efe Gerardo Viada, abogado de la familia de una de las víctimas, Katia Esteban. Viada añadió que, por lo demás, han sido “las condenas esperadas”.
En ese sentido, el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo Rodríguez, se ha declarado satisfecho con la sentencia. “Hemos conseguido una condena penal y una civil que se acerca mucho a la aspiración de justicia que tenía el ministerio fiscal”. Y ha insistido en la parte civil: “Todas las entidades que se pedían como responsables civiles han sido condenadas [entre ellas, el Ayuntamiento de Madrid] y también las compañías de seguros como responsables de seguros”.
Las familias de las víctimas recibirán indemnizaciones en torno a los 350.000 euros por cada una de las fallecidas y los lesionados también cobrarán en proporción a las lesiones y secuelas que padecieron. La madre de Cristina Arce, Isabel de la Fuente, criticó la sentencia. Dijo que le parecía “un insulto y una falta de respeto a las víctimas”, y aseguró que se reunirá con sus abogados para saber cómo proceder. “El Ayuntamiento se comporta igual que el anterior. En el tema de la licencia [del Madrid Arena] ha pasado. [El edificio] estará más controlado, pero estructuralmente no cumple la normativa”.

Cuatro años después

Termina con este fallo, casi cuatro años después de la tragedia, un juicio que arrancó el pasado 12 de enero y durante el cual se han entremezclado los relatos escalofriantes de los jóvenes que se vieron atrapados en la avalancha —incluido el de una muchacha que escuchó, medio ahogada entre una maraña de piernas, las últimas palabras de sus amigas— con las acusaciones cruzadas, procedentes del hiperpoblado banquillo de los acusados, que trataban de cargarse las culpas entre sí: los abogados de Flores a los dueños municipales del edificio; estos a la empresa Kontrol 34; quién aseguró a su vez que aquella noche solo aportó personal, pero que la seguridad dependía únicamente de Seguriber; los letrados de los sanitarios, por su parte, llegaron a señalar al Samur y a la Delegación del Gobierno en Madrid por dar el visto bueno a la apertura de puertas del pabellón.
Ningún responsable político del Ayuntamiento se ha visto obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. La tragedia, cuya gestión supuso un enorme coste de imagen a Ana Botella (PP), por entonces alcaldesa de Madrid,  le costó el puesto a Pedro Calvo, que dimitió de su cargo de delegado de Economía y portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital tras ser imputado por el juez que empezó a investigar el incidente; aunque, finalmente, no fue acusado de nada.