Seguridad Integral Canaria no sólo no participó en el fraude, sino que fue esencial para destaparlo. Esta es una de las conclusiones que se derivan del auto con el que el Juzgado Togado Militar central número 2 ha archivado la investigación contra la empresa canaria, su consejero delegado Miguel Ángel Ramírez y su consejero Fernando Rodríguez Suárez, dentro del proceso que se sigue contra los tenientes coroneles Epifanio R.R. y Cruz P.R. por delitos contra la hacienda, cohecho negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
El coronel auditorio José Romero Muros, titular del Juzgado Togado Militar Central número 2, dictó el pasado miércoles el auto que acuerda «desimputar» a los directivos de Seguridad Integral y a los de otras 12 empresas contratistas habituales del Ministerio de Defensa y declara procesados a los dos tenientes coroneles, interesando que abonen una fianza de 24.000 euros entre ambos en el plazo de un mes, con embargo de bienes en caso de impago.
El juez entiende probado que los dos jefes militares, amigos desde hace más de 25 años, se prevalían de sus cargos –Cruz P. en el Programa de Modernización de la Contratación del Ministerio de Defensa y Epifanio R. en la Subdirección General de Servicios Económicos del mismo ministerio– para «desarrollar labores de asesoramiento a empresas en materia de contratación a cambio de una retribución fija», sin que, a juicio del instructor, conste hasta la fecha que lo hayan conseguido.
El juez destaca en el auto que confirma el procesamiento de los dos tenientes coroneles que fue el consejero de Seguridad Integral Canaria Fernando Rodríguez quien destapó el escándalo, al comunicar a los autoridades que los tenientes coroneles le habían pedido dinero para permitirle contratar con el Ministerio.
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