El Tribunal Supremo rechaza el recurso
presentado por la Administración General del Estado y ratifica la sentencia
dictada por la sección 5ª de la sala de lo contencioso administrativo de la
Audiencia Nacional.
El Ministerio del Interior tendrá que sustituir más
de 300.000 tarjetas de identificación de los vigilantes de seguridad privados.
Una Orden Ministerial del 2011 obligaba a vigilantes de seguridad, vigilantes
de explosivos, jefes de seguridad y escoltas privados a portar su DNI en la
Tarjeta de Identidad Profesional, conocida como TIP.
Antes de que entrara en vigor
la Orden Ministerial, la Agrupación Sindical Profesional del personal
habilitado de seguridad privada, ASP, solicitó un informe a la Agencia
de Protección de Datos. Ésta confirmó la ilegalidad de la
normativa al estar expuestos los datos personales de los vigilantes. Sin
embargo, la Orden Ministerial salió adelante y la ASP junto a otro
sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, denunció
estos hechos en los tribunales. La Audiencia Nacional dio
la razón a estos dos sindicatos en Noviembre de 2013. No obstante, los
abogados del Estado presentaron un recurso de casación ante el Tribunal
Supremo que finalmente hoy ha sido rechazado, ratificando el
fallo anterior de la Audiencia.
Según el presidente del sindicato
ASP, Enrique Barrabia, durante la tramitación de la nueva Ley de
Seguridad Privada se reunieron con representantes de todas las formaciones
políticas para resolver “el conflicto”. Barrafia afirma que
recibieron “el apoyo de todas ellas sin excepción, salvo la representación
del PP que desoyó nuestra súplica, y mantuvo la irregularidad hasta el día de
hoy”.
Barrabia recuerda además que
una de las características de la tarjeta de identidad es la de la “obligatoriedad
de mostrarla a todo ciudadano que lo requiera, incluso a presuntos
delincuentes, exponiendo así datos privados del agente protegidos por la Ley
Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, y de ese modo exponiendo
su integridad”.
Con este fallo del Supremo, ahora se
tendrán que sustituir mas de 300.000 habilitaciones del personal de
seguridad privada, que deberán sufragar las arcas del Estado.
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